Independientes de la
Guardia Civil (IGC) ha mostrado su satisfacción con la
petición de hasta 8 años de cárcel que ha hecho pública la Fiscalía para los 9 subsaharianos que liberaron los ataques contra la Guardia Civil, ocurridos el 26 de julio de 2018 en la valla fronteriza de Ceuta. Con su actuación causaron graves heridas a nueve guardias civiles a consecuencia principalmente de las quemaduras ocasionadas por cal viva. La Fiscalía aprecia el delito de atentado por grupo organizado, y pide hasta 8 años de prisión a los causantes, y concretamente a 9 de los inmigrantes. IGC logró personarse como acusación popular formulando una querella y solicitando el ingreso en prisión preventiva para todos ellos, aunque solo fueron encarcelados los cabecillas y fueron puestos en libertad en poco tiempo con la obligación de presentarse ante el juzgado, dando garantía de su paradero para ser juzgados. Para Independientes de la Guardia Civil (IGC) la acusación formulada por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la asociación han dado su resultado tras el atestado realizado por la propia Guardia Civil y marca un precedente para aquellos que quieran entrar por la fuerza atentando contra los agentes de la Guardia Civil, de tal modo que sepan que no conseguirán su objetivo y serán condenados por ello. “No obstante falta saber llegado el momento, si los presuntos autores del atentado organizados en grupo criminal se pondrán a disposición de la justicia ante el juicio que les espera y cumplirán la condena en caso que recaiga contra ellos, en sentencia”, advierten. Respecto a la responsabilidad civil por los daños causados en el patrimonio del Estado y en los cuerpos de los guardias civiles, “es prácticamente seguro que no podrán hacerse cargo de los mismos, a no ser que organizaciones no gubernativas se hagan cargo”.
Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) lamentan “cualquier invasión de nuestras fronteras, además de forma violenta contra los guardias civiles, y nos alegramos de que los presuntos autores no queden impunes al poner en concreto riesgo la integridad física e incluso la vida de las fuerzas de seguridad”. En IGC consideran necesarias “medidas preventivas contra estos actos, y el apoyo internacional en cualquier caso, para compatibilizar la asistencia a personas necesitadas de asilo político, con la inmigración económica irregular que quebrante el ordenamiento jurídico internacional, y pone en concreto riesgo la seguridad del Estado y su soberanía territorial”.