La Asociación Profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha decidido formular querella como acusación popular tras la
entrada de 603 personas el pasado 26 de julio, que dejó
varios subsaharianos heridos al igual que componentes del Instituto Armado. En declaraciones a este medio, Joaquín Parra, dirigente de la asociación, ha indicado que dan este paso porque entradas de este tipo “no se pueden permitir” y “nuestra obligación es defender la integridad de los guardias civiles”.
El titular del juzgado de instrucción número 5 decidía esta semana no admitir la denuncia presentada por una abogada a la que se había adherido la IGC, tal y como adelantó El Faro. Ahora la asociación se “olvida” de esa denuncia “porque no era el medio correcto” y decide, por su cuenta, formular querella aunque contará con los servicios de la letrada que inicialmente denunció.
Parra destaca que existe “un riesgo potencial” siempre que se producen entradas por la valla y de esta forma, de ahí la importancia de judicializar lo ocurrido el 26 de julio. “Los inmigrantes tienen que entender que así no se puede entrar” y la “fórmula para evitar esto es que se judicialice” lo ocurrido. “Por el principio de territorialidad tienen que tener un castigo penal, que entiendan que esa no es la forma de entrar. Si conseguimos una sentencia que diga esto, los que vengan entenderán que de esta manera no van a conseguir su objetivo”, expone.
La IGC critica que no puede usarse la inmigración como “medio contra España” y advierte de que estas situaciones son un peligro para los agentes. “Solo por las vías legales los inmigrantes pueden conseguir su objetivo”, indica Parra.
De igual manera la asociación cuestiona que el salto del 26J coincidió con la visita del presidente francés a España, por lo que pide colaboración a los inmigrantes para que “digan lo que sepan”, para que “aporten datos de qué hay detrás de esa entrada, de cómo se organizó... Esta colaboración puede servir de beneficio a ellos”, concluye.