Ayer en este periódico leíamos, al levantarnos, que “todos los asistentes, al igual que sucede en los plenos de la Asamblea, nada más que tendrán que identificarse ante los agentes de la Policía Local que se encuentren en la puerta”. Era lo que Yolanda Bel había explicado en su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno de la Ciudad y lo que había reflejado el periodista que redactó la información.
Pues bien, mentía. Tres personas en concreto tuvimos que pasar por el trance de ser exhaustivamente registrados por miembros de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local. Y muy posiblemente habría sido una cuarta y una quinta, de no ser porque no se veían policías mujeres y no podían practicar el registro.
Habíamos enseñado el DNI al policía local de la entrada, como todos. bueno, como casi todos, a algunos conocidos y familiares se les dejó pasar sin comprobar si llevaban encima identificación. Precisamente, uno de esos iba delante del que escribe este texto. Justo después, un policía de la UIR se me acercó (muy amablemente, eso sí), y me pidió que le acompañara. Me llevó a los baños de la planta baja del consistorio, donde me pidió que vaciara todos los bolsillos. Acto seguido, me preguntó si llevaba “algún objeto punzante o contundente”. Obviamente, respondí que no. El registro siguió con un “los zapatos”. “¿Los zapatos?”. “Quítatelos”. Me los quité. “Dámelos”. Se los di. Los sacudió.
Nada. No había nada. No era mi intención alterar el orden de la asamblea. Las otras dos personas que también fueron registrados, al igual que yo, mostraron sus protestas. La respuesta de los agentes, obviamente, que respondían a órdenes. Lo preocupante fue la forma de decirlo y lo que ello implicaba. “A mí me dicen que registre a este y a este y lo tengo que hacer, o me quitan 250 euros de mi sueldo a final de mes”. Es decir; los agentes, que en todo momento se mostraron amables (y nosotros colaboramos con lo que nos pidieron) reconocieron que tenían órdenes concretas de registrar a personas concretas.
El esperpento vino después de mostrar la pancarta y salir del Palacio de la Asamblea. Al demandar el motivo por el cuál nos pedían identificación, nos decían que estaba prohibido y que tendría su sanción administrativa. El problema es que ni siquiera repararon en el detalle de identificar a las cuatro personas que mostraron la pancarta, sólo a tres. ¿Se trataba simplemente de un acto de intimidación? Por supuesto, estos agentes fueron también, en todo momento, educados y correctos. Quienes no lo fueron son quienes fueran que dieron la orden de no respetar lo que la portavoz del Gobierno de la Ciudad había dicho en rueda de prensa.
