Al ya ex consejero de Gobernación le rondaba el cese hace meses. El pasado mayo se daba por hecho que no formaría parte del equipo de Juan Vivas, pero finalmente no hubo movimiento de ficha. El miércoles se adoptaba la medida. Todos lo sabían, incluso 24 horas antes. Todos menos el aludido, José Antonio Rodríguez Gómez. Poco antes de que su colega de bancada política, Paco Márquez, le llamara a consultas en plena celebración del comité de Protección Civil, el ex consejero sólo tenía sospechas. Esa misma mañana, pasadas las ocho, un funcionario le había advertido de que hoy ‘se lo iban a cargar’. Evidentemente el mandatario en Gobernación nada podía imaginar, ni siquiera lo que le venía encima.
Lo que sucedió a puerta cerrada en el despacho del presidente Juan Vivas, con la sóla presencia de Rodríguez y el consejero Márquez, ellos lo saben. Lo que sí ha trascendido es que se intentó de todas maneras que el ex consejero dimitiera. No se ha conseguido ni, según personas cercanas a Rodríguez, se va a conseguir. Ya cesado de tan drástica decisión política ha trascendido sólo una versión: que Rodríguez Gómez se llevaba muy mal con los sindicatos y que la Policía no funcionaba.
Curiosamente en el tiempo que llevaba el ex amigo de Pedro Gordillo al frente de Gobernación no se produjo escándalo alguno con los sindicatos. Es más, las relaciones eran constantes e incluso especiales en el caso de Comisiones Obreras. Así hasta conocerse la existencia de una carta firmada por los tres sindicalistas y redactada en el despacho de un civil, ajeno a la vida política y policial pero muy cercano por cuestiones laborales a Presidencia.
Hubo dos cartas. La primera, con un contenido más crítico que se tiró a la basura y fue sustituida por la que todos ya conocen tras su difusión por parte de Caballas. En la misma se pide una auditoría para comprobar el gasto de 180.000 euros en obras llevadas a cabo en el cuartel y en Bomberos y que se habrían adjudicado al mismo contratista en pequeñas adjudicaciones nunca superiores, cada una, a los 3.000 euros. Esa es la carta, y no la primera, que llega,vía registro, a manos del presidente Vivas el pasado 23 de septiembre. Tras conocer su contenido, el propio Rodríguez Gómez acudió al despacho del presidente para solicitarle que se hiciera una auditoría, aportando él mismo varias facturas que se habían ido recopilando al tenerse conocimiento de la queja sindical y que están firmadas por los jefes de servicio respectivos: Manuel Gentil por parte de Bomberos y Ángel Gómez, por parte de la Policía Local.
Hubo contactos, incluso, entre el propio cesado y Francisco Márquez para poner en marcha esa auditoría. Era la intención del cesado pero la misma, curiosamente, no se puso en marcha. Rodríguez pidió que se hiciera esa investigación que ahora pide la UDCE e incluso abordó el asunto en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, 24 horas antes de que lo cesaran. Así hasta que el pasado miércoles se producía la orden. Fulminante. Las polémicas facturas o al menos parte de ellas obran en poder del propio Rodríguez Gómez. ¿Por qué no las enseña?, ¿por qué no habla y responde en rueda de prensa a las acusaciones de Caballas? La orden desde la Ciudad es clara: hasta que finalice el informe que elabora directamente Márquez sobre las obras en la Policía no podrá hablar. Las primeras conclusiones de ese informe las avanzaba ayer ‘El Faro’: no existe vinculaciones delictivas pero sí defectos de forma en las facturas. Faltan concreción y especificidad. En su defensa ante Vivas, el cesado mantuvo que siempre las facturas se han hecho de la misma manera y forma y siempre han estado firmadas por tres funcionarios y avaladas por el interventor. Así ha funcionado el sistema hasta ahora, cuando esos documentos se cuestionan. A ojos del ex consejero todo forma parte de una encerrona, de una emboscada. Y advierte, en los círculos más cercanos, que su comportamiento ha sido intachable y que hablará, después del informe. Hablará y dará nombres de aquellos que, él supone, están detrás de su cese en varios capítulos. Desde quien redactó la carta con los sindicatos y que respondió a un consejero que ‘él ya no hacía favores a Juan Vivas’, hasta quien telefoneó personalmente a otro miembro del Gobierno para enviarle el grueso inicial de las facturas.
¿Estamos ante la crónica de una emboscada con más tintes de guerra política entre sectores que de fraude económico? A eso pretende responder el cesado, y lo quiere hacer con pruebas. “Yo no soy técnico, ahí están las facturas, firmadas por los jefes, decidme qué he hecho”, dicen que comentó el afectado. El cese ha sido rápido, inmediato, limpio e intachable. Pero las respuestas y motivaciones han sido, hasta el momento, insuficientes, más si cabe cuando la oposición habla abiertamente de corrupción y posible malversación de fondos. “Ni un euro me he llevado”, sentencia Rodríguez. Lo afirma pero sin comparecencia. Venganzas, emboscadas y duras acusaciones quedan en el aire sin esclarecer.
