Para Benaixa Abdeselam, su esposa y sus dos hijas pequeñas, la noticia de que por fin podría salir del ‘Hostal Universal’ con destino a un techo fijo, recién construido además, hace dos semanas, fue casi como ver el sol. Después de remover cielo y tierra, los responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (EMVICESA) le comunicaron que su familia sería una de los adjudicatarias de una de las 170 viviendas protegidas que el Estado terminó de construir hace un año junto al Hospital Universitario.
El alborozo le duró lo que tardó en ver la que le había correspondido, una vivienda que en los papeles consta como de 40 metros cuadrados de superficie y que en la realidad se traduce en un gran salón-habitación-cocina con un baño.
“Cuando mi mujer la vio se puso a llorar por la ventana, aunque ahora dice que si nos asegurasen optar a una vivienda más grande en dos o tres años podríamos aguantar”, explica Abdeselam, todo sonrisa, ante sus dos pequeñas.
La alternativa es, a simple vista, peor: volver a la calle, a los hostales, a buscar alquileres, a hacer números para juntar una fianza, al alojamiento alternativo, ahora más restrictivo, con ayudas limitadas a un máximo de 400 euros por unidad familiar...
“Nos han dicho que para aspirar a otra casa más amplia en futuras promociones debemos renunciar a esta, pero...”, argumenta el impulsor de la recién registrada Asociación por una Vivienda Digna de Ceuta tras guiar al periodista al interior de su hogar con una linterna.
En los bloques todavía no hay energía eléctrica en los espacios comunes, los extintores han desaparecido y los okupas “campan a sus anchas”.
En la calle, otro vecino explica que durante las últimas tres noches se han “reventado” tres casas y que los vándalos pagan a quienes les pongan al tanto de dónde están las viviendas vacías.
EMVICESA ya ha terminado de entregar las llaves de las casas a sus adjudicatarios, pero algunos, pese a que supuestamente deben estar en situación de necesidad, no se han trasladado a los bloques. “Se ha advertido a la Administración, pero se han encogido de hombros”, lamentan.
Con el paso de los días, según se van conociendo las particularidades de los adjudicatarios, va creciendo el malestar entre quienes se sienten “maltratados”.
“No es normal que a una familia con dos hijos pequeños, como la mía, se nos conceda una vivienda con un cuarto y un baño y a jóvenes solteros sin cargas familias se les hayan adjudicado casas con dos dormitorios”, denuncia Abdeselam, que la semana pasada registró una petición para entrevistarse con la consejera de Fomento, Susana Román, y trasladarle el “posible fraude” existente.
Las casas están destinadas, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Local de la Vivienda, a personas y familias que poseen unos ingresos que no superan las 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) con cupos establecidos para discapacitados, jóvenes y víctimas de violencia de género con sentencia y su régimen de adjudicación es el alquiler reducido, en el caso de Abdeselam casi 160 euros al mes.
Según la Consejería de Asuntos Sociales, una treintena de las 170 viviendas se han reservado para vecinos desalojados por la remodelación de los viales de acceso al Príncipe; catorce más, para los vecinos que antes estan asentados en el entorno del Puente Quemadero y sesenta más, para usuarios acogidos al programa de alojamiento alternativo que permanecían alojados en pensiones o domicilios con alquileres subvencionados por la Administración local.
16 viviendas de 4 dormitorios; 34 de tres; 55 de dos y 65 de uno
El bloque de viviendas protegidas anexo al Hospital Universitario que se terminó de construir hace un año está compuesto por 16 viviendas de 4 dormitorios; 34 de tres; 55 de dos y 65 de uno. Las viviendas están destinadas a personas y familias que posean unos ingresos que no superen las 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El régimen de adjudicación es el alquiler, una fórmula por la que se ha decantado el Gobierno de la Ciudad Autónoma como la vía más accesible actualmente para la adquisición de casas por parte de este colectivo, habida cuentas de las restricciones crediticias. Esta e la primera de las tres promociones inmobiliarias que la Administración local convenió levantar en la zona con el Estado, a través de SEPES, para promover la construcción de 600 viviendas protegidas para arrendamiento, con el fin de atender la carencia de viviendas disponibles para un sector de la población residente con bajo nivel de renta.