Ibrahima, víctima de la inmigración

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha absuelto al subsahariano Ibrahima Tule. Un joven de Guinea Conakry que se enfrentaba a nada menos que 18 años de prisión acusado de ser el patrón de una embarcación que terminó naufragando, en septiembre de 2013, frente a Punta Almina, dejando atrás a cinco compatriotas que perecieron en el mar.

El Ministerio Fiscal solicitaba que se le impusieran 8 años por un delito contra los derechos de los extranjeros y dos más por cada uno de los cinco homicidios imprudentes que habría causado. El letrado de Ibrahima, Jorge Martín Amaya, creyó firmemente en una historia que le llegó por el turno de oficio. En vez de apostar por darle ‘un carpetazo’ rápido, se ‘metió’ en el asunto y confió en un cliente que le insistía una y otra vez en que él no era un cruel gomero que se había infiltrado entre un grupo de inmigrantes para llevarlos a una muerte segura pilotando una goma cargada hasta los topes de hombres y mujeres. Su historia era bien distinta a la que había plasmado la Guardia Civil en su atestado: él era otro inmigrante más, otra víctima del negocio que se surte de la explotación de personas, que tan solo tuvo el arrojo de tomar los mandos de la embarcación cuando ésta fue sorprendida por la Guardia Civil en plena travesía clandestina.
La firme creencia del abogado Martín Amaya en esta historia le llevó a pedir su absolución durante la celebración de la vista oral que se celebró el pasado 14 de octubre de la Audiencia. Ahora, en sentencia pública, el tribunal de la Sección VI ha estado más cerca de sus impresiones, dictando sentencia absolutoria que ha permitido que el joven Ibrahima haya abandonado ya la celda de la prisión de Los Rosales que le sirvió de hogar desde que fuera detenido, hace un año, por la Benemérita.
Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso El Faro, no se puede vincular a este subsahariano con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al no haberse acreditado que él fuera distinto al resto de compatriotas que aquel 16 de septiembre viajaban en la semirrígida intervenida en alta mar. Asemejar a Ibrahima con el perfil de frío patrón que pone en riesgo la vida de más de 30 personas, hacinadas, sin chalecos salvavidas y en condiciones de navegación deplorables era demasiado arriesgado. Y lo era porque nunca se acreditó. De hecho, asegura el tribunal, “existen dudas más que razonables de que se tratara de un inmigrante más, lo que se deduce de su indumentaria, características y circunstancias personales”. Ibrahima, cree el máximo órgano judicial en la ciudad, pudo perfectamente ser otra víctima de la inmigración que en un momento de la travesía decidió tomar el manejo de la embarcación, sin que esto suponga que formara parte del entramado delincuencial que existe detrás de la organización de pases tan numerosos como el que fue abortado por la Benemérita.
Al igual que las tesis a las que se aferró para su Defensa Martín Amaya, la Audiencia señala la inexistencia de datos que puedan llevar al convencimiento de que el acusado era realmente el encargado de la conducción en todo el trayecto así como el responsable de gobernar la nave. Y es aquí donde está la clave de esta historia. Una historia con dos versiones radicalmente enfrentadas, las que vinculan a Ibrahima con dos perfiles opuestos: uno de víctima y otro de verdugo.
Para la Sala, el acusado era un “inmigrante más, una víctima que no debe ser culpabilizada” y que pudo llegar a patronear la embarcación -algo de lo que no cabe duda alguna- para ayudar a salir a sus compañeros de una situación peligrosa o incluso para cumplir su objetivo, que no era otro que el de emigrar, poniendo en peligro la vida de los demás inmigrantes pero también la suya. Ibrahima participó en una acción delictiva, huyó de la Guardia Civil pero nunca dejó de ser otra víctima más en una cadena de eslabones demasiado frágiles. Si a ojos del tribunal no era culpable de ese delito, mucho menos podía serlo de los cinco homicidios imprudentes con los que se le relacionaba y por los que se reclamaba 10 años de prisión. De entrada nunca se pudo comprobar que realmente en ese naufragio fallecieran esas personas. Tampoco que el acusado fuera quien embarcó a los inmigrantes para llevarlos a una muerte segura teniendo el control de todo el proceso. “El resultado de muerte”, advierte la Audiencia, fue “más que problable por otras causas y por la actuación de los auténticos responsables de la organización del viaje”.
Fruto de las declaraciones que ofrecieron en la vista oral los guardias civiles citados, solo se tuvo certeza real de la existencia de un cuerpo inerte en el mar que no pudo ser rescatado. Del resto se habló en base a manifestaciones de los supervivientes, sin que las mismas fueran siquiera claras. Se cuenta pues con hechos indiciarios demasiado endebles “que no tienen potencia ni virtualidad suficiente para estimar probada la muerte o fallecimiento de los mismos”, advierte el tribunal.
Con todas estas bases a la Audiencia no le ha quedado más que absolver a Ibrahima poniendo así el punto y final a una historia marcada por un periplo clandestino, un año de privación de libertad entre rejas, un abogado que creyó en un relato y un gomero que terminó siendo una víctima más del siempre dramático y complejo mundo de la inmigración.

Muertes, naufragio e intervención

La travesía del 16 de septiembre de 2013 estuvo marcada por el drama. La Guardia Civil rescató a varios inmigrantes en el mar después de que su embarcación naufragara. De hecho un agente del Marítimo arriesgó su vida arrojándose al mar para evitar que una mujer pereciera. En dicha intervención la Benemérita llegó a utilizar material antidisturbio para que la lancha, cargada hasta los topes de inmigrantes, parara. Un dato al que no se aludió por parte de algunos agentes durante la vista oral quizá pensando que eso podría desacreditar su actuación profesional. En la sentencia, no obstante, al igual que se deja claro que no existe reproche alguno al acusado por el peligro que terminó dominando esta travesía, también se indica que no cabe “reproche alguno para la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones, no solo en defensa de la frontera y de la soberanía española, sino también en su labor de ayuda y salvamento respecto de personas que se hallaban en extremo peligro para sus vidas, llevando implícita dicho riesgo la posibilidad de acaecimiento de este tipo de eventualidades”.
Fue éste sin duda uno de los servicios con mayor carga de penosidad registrados.