“¿Qué hacemos nosotros ahora?”, gritaba desesperado Sufian, que hablaba en representación de su familia, “¿y adónde vamos ahora si no tenemos dinero, ninguna propiedad y nadie en esta ciudad ayuda al prójimo? ¿Por qué tenemos que irnos de nuestra casa, de donde yo nací, donde llevamos veinticinco años viviendo?”. Alrededor de la figura robusta del joven, a ratos reducida por la dramática situación del momento, se erigía, por un lado su familia, madre, mujer embarazada, niños, suegros, amigos, y por el otro policías locales y militares enviados por el Ministerio de Defensa Español.
A las diez de la mañana, la calle Sevilla, en la barriada el Recinto, y más concretamente el patio del número cuarenta, suelo que pertenece al Ejército Español, era un hervidero de sensaciones mezcladas: dolor, desesperación, rabia impotencia. Ante el lógico pesar de la familia, lucía una actuación policial y militar que rayó aún por encima de lo impecable: por comprensión, por elegancia, por cumplimiento del deber, “y porque no recuerdo jamás haber llamado a Madrid para tratar esta situación con el mismísimo General”, indicaba uno de los miembros de dicha fuerza.
“Yo entiendo vuestro trabajo, ¿pero quién nos entiende a nosotros?” , se preguntaba Sufian, un trabajador que, con su sacrificio, “está dando de comer a doce bocas”. Con Sufian, son en efecto doce las personas que están al borde del desahucio, doce miembros de una misma familia que aseguran haber sido víctimas de un engaño, “el de la mujer que nos alquiló esta casa durante años, esa persona que, a espaldas del ejército y de manera ilegal, nos exigía un alquiler a espaldas de la ley y encima muy elevado que finalmente no pudimos pagar”. Fue en ese instante, según mantiene la familia, “cuando nos denunció, para que nos echaran como a perros”. Después del proceso judicial propio, el juez de lo Contencioso Número 1 resolvió el desalojo definitivo, “informado en más de una ocasión y personalmente por enviados oficiales”, aseguraban las fuerzas del estado; “Eso es verdad”, reconoce Sufian, “pero uno nunca se cree que una desgracia así pueda caer sobre su familia, aún así nosotros hemos solicitado ayuda a asuntos sociales no para que nos regalen una casa sino para que nos posibiliten una manera de pagar que tenga facilidades para una familia humilde y numerosa en la que sólo trabaja uno”.
En este sentido, la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed se mostró abierta “a colaborar en la medida de lo posible con esta familia, que ya la conocemos porque desde marzo de este año le ofrecimos un alojamiento alternativo, sufragando parte del alquiler, ofrecimiento que fue denegado aunque nosotros no podemos reprochar nada a quien lo pasa mal”.
La palabras de Rabea se produjeron después de que el miembro de Asuntos Sociales desplazado al lugar le contara el intento fallido de desahucio –“Sólo por unos días”, se ponían de acuerdo todas las partes–, ya que, en el instante en que el Juez dio luz verde y las fuerzas del estado procedían al derribo, la madre de Sufian, con su resistencia, evitó el fatal pero legal desenlace.