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El Hospital Universitario de Ceuta practica abortos farmacológicos desde diciembre

El secretario general de Sanidad indica que en el presente se llevan a cabo interrupciones del embarazo | La puesta en marcha de la prestación llega tras años sin ella

Todos los ginecólogos de Ceuta eran, hasta hace relativamente poco, objetores de conciencia. Tras mucho tiempo sin opciones para abortar a nivel local, el área sanitaria da un vuelco y aborda las interrupciones de embarazo.

La prestación está en activo desde hace unos meses, en concreto, desde diciembre. El servicio forma parte de una consulta de planificación familiar, en la que se ofrece esta alternativa al traslado a la Península.

Actualmente el método que se ofrece es el farmacológico, que, por norma general, puede aplicarse entre la novena hasta la onceava semana de gestación. “Han comenzado de manera silente”, ha indicado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, durante un acto informativo en el Hotel La Muralla.

Seguimientos posteriores

El responsable dentro de la cartera ministerial ha asegurado que es una técnica aceptada y solicitada entre las pacientes. “Esto ha disminuido de forma notable los desplazamientos”, ha manifestado.

“Creo que esto es, sin lugar a dudas, un avance dentro de las prestaciones de la ciudad que se centra en un ámbito muy concreto, como es el de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, ha expresado.

No solo se facilita acceder al aborto. Permite contar con un seguimiento de forma posterior “en caso necesario”. Asimismo, es una puerta abierta a otros servicios relacionados con la anticoncepción.

Colaboración

Antes de iniciar esta cobertura sanitaria, los profesionales del equipo de Ginecología del HUCE han contado con la colaboración regional de especialistas en Cataluña. Fue escogida por ser una de las regiones españolas con más trayectoria en este terreno.

Las diferentes reuniones celebradas han posibilitado un aprendizaje y, con ello, la puesta en marcha de las interrupciones voluntarias del embarazo en Ceuta. Actualmente no se baraja el uso de otras técnicas, pero no se descarta su implementación en el futuro.

“Ceuta ya no va a ser más uno de esos lugares en los que, cuando el informe anual del Ministerio de Sanidad sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se revelaba que aquí no se hacía ninguno”, ha expuesto.

Menos derivaciones

“Antes todos tenían que ser derivados a la Península. Desde el mes de diciembre, gracias al trabajo excelente de equipos directivos de Ingesa, del hospital, de los ginecólogos y de las matronas, está abierta esta consulta de planificación familiar”, ha remarcado.

Fue el año pasado cuando se supo públicamente que ningún profesional practicaba abortos en Ceuta. Tras esa información, se generó un debate en la opinión pública y diferentes reacciones.

Una de las entidades que se pronunció al respecto fue el Colegio de Médicos de Ceuta. Desde la organización se señaló que la objeción de conciencia de los médicos constituye “un derecho fundamental, de rango constitucional, reconocido y protegido tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por el Código de Deontología Médica”.

Una sentencia

Hicieron hincapié en que “la garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y debe tener como protagonistas a los gestores, más que a los facultativos”.

Indicaron que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 151/2014, dictada con motivo del registro de objetores de conciencia en la Comunidad Foral de Navarra, estableció que la creación de un registro administrativo de profesionales objetores no vulnera la Constitución.

Al menos, no si su finalidad es exclusivamente organizativa y si se salvaguarda la confidencialidad absoluta de los datos. El documento subraya que el acceso la información debe quedar “restringido a las autoridades sanitarias”, que son responsables de la planificación asistencial.

Son las que también tienen que velar por que se preserve en todo momento "el secreto profesional y la intimidad moral de los inscritos”, tal y como puntualizó el órgano colegial.

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