En 72 horas tienen que abandonar las casas. Los
vecinos de Beliones están desesperados. “
Las viviendas llevan más de 60 años aquí, estaba todo en regla y ahora no tenemos a dónde ir, con niños recién nacidos, personas enfermas, ancianos…”, explican a El Faro de Ceuta. “No quieren darnos el precio de las casas ni tampoco otro lugar en donde refugiarnos”, añaden. Este es el lamento de los residentes que van a perder las distintas viviendas que se aprecian desde el espigón de
Benzú, muchas de ellas pegadas ya al puesto fronterizo español de la
Guardia Civil.
“Nos hemos criado aquí”, detallan, mientras las máquinas
se están llevando todo por delante para la próxima construcción de un paseo marítimo. “Vivimos en un estado de derecho. Nosotros, ciudadanos, vivimos en este estado. Hemos respetado todo durante más de 50 años. No decimos nada sobre la autoridad local. La ley es la ley y nosotros la seguimos”, indican en un vídeo, en donde critican, en cambio, la forma empleada para ejecutar los derribos, echándolos de sus hogares sin pagarles y sin dar opciones.
En la calle, viviendas de marroquíes, también de vecinos de Ceuta
Se van a quedar en la calle. La vivienda es escasa y en muchas de ellas llevan residiendo más de 60 años, heredándolas de sus antepasados. Algunas de esas casas son de vecinos de Ceuta que las compraron en su día. “Hay vecinos que conocemos desde nuestra infancia. Vivimos con ellos, compartimos momentos antes de convertirnos en los que somos ahora. Estaban con nosotros en tiempos difíciles, compartieron momentos en amistad,
vecinos que vienen a visitarnos, como lo hacemos hoy”.
“Nos dijeron que no tenemos otra opción sino confiar en Dios y se marcharon. No pueden simplemente llegar y desalojar, sin proporcionar alternativas”, indican. Sin alternativas los vecinos ven sus viviendas destrozadas, sin poder recuperarlas, no encuentran ayuda de las instituciones, les dicen que sus casas son ilegales, pero tienen escrituras que demuestran lo contrario. Las propiedades pertenecen a sus antepasados y a sus familias. Ahora el Estado dice que todo es suyo. Sin más. En 72 horas a la calle.