El ‘caso Emvicesa’ llega hoy a juicio y es, por fin, la hora de que hable la Justicia y se pronuncie sobre los múltiples delitos que se imputan a los más de 50 procesados por una causa que ha puesto en la picota la gestión que de un asunto tan delicado como la política de Vivienda hizo la Ciudad por acción o por omisión durante años.
Más de seis años después de los arrestos de parte de los acusados con proyección pública, detenciones que en muchos casos acabaron con sus carreras políticas, decenas de personas han estado sometidas a un escrutinio durante este tiempo (incluso en prisión preventiva, como el supuesto “cabecilla” de la “organización criminal” que se va a juzgar).
A la Audiencia Provincial le tocará ahora juzgar qué parte de razón hay en los hechos delictivos que se atribuyen, por los que la Fiscalía reclama un total de cerca de 300 años de prisión.
La Administración de Justicia debe encontrar la fórmula para ser más rápida en todos los casos, también y quizá especialmente cuando se pone en cuestión tras un ingente trabajo policial y de instrucción la credibilidad de las instituciones y de su funcionamiento, así como de las personas, aunque no solo, que han ocupado responsabilidades públicas.
La vista oral que se desarrollará durante las próximas semanas debe servir para cerrar un capítulo que ha permanecido demasiado tiempo abierto con perjuicios para todas las partes, también para el interés general.
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