Créanme que me gustaría no tener que volver a escribir más sobre el separatismo en Cataluña. Pero no tengo más remedio que continuar haciéndolo mientras haya separatistas que sigan creyendo que a quienes no somos como ellos se nos puede seguir engañando fácilmente con sus astronómicas mentiras y patrañas, como si ellos fueran los listos y los demás los tontos, o como si fuéramos los malos a los que se nos tiene que condenar y ellos los buenos, los mansos, pacíficos, bienaventurados y misericordiosos, a los que hay que bendecir y beatificar; o como si ellos fueran los democráticos “hombres de paz” y el resto fuéramos los “fascistas” de la malvada España que dicen les roba, les esquilma y les oprime. Dieron un golpe de estado y, encima, tuvieron la hipocresía y la desfachatez de aseverar que era España la que lo daba contra Cataluña. Nunca escribo contra la Cataluña digna, laboriosa y honrada que produce y trabaja; ni contra los catalanes, o que sin serlo, son esforzados y honestos trabajadores llegados de otros lugares que residen en la Cataluña por la que trabajan y a la que quieren porque les ha dado trabajo, dignamente ganado con el sudor de su frente. Sino que escribo para decir verdades como puños a esos independentistas, “charlatanes de feria”, que engañan a los demás contando astronómicas mentiras, que ellos mismos terminan creyéndoselas. Ya habrán visto al preso de Estremeras, Junqueras, en la “vistilla” de apelación que el 4 de enero se celebró en el Tribunal Supremo, en la que compareció ante los tres Magistrados, muy modosito él, con cara de bonachón y todo enternecido, para confesar que, como católico y “hombre de paz” que es, está dispuesto a inmolarse “clavándose en el pecho la espada que ya no le servirá para combatir", porque lo que él ya quiere es un diálogo “bilateral”, o sea, sentarse a negociar con Rajoy para hablarle de tú a tú, de Estado a república, para acordar otro referéndum, ahora pactado para poder ejecutar su independencia ya proclamada. Pero, fíjense que jamás ha dicho que se somete al 155 o que acata la Constitución. Y uno se pregunta: ¿Se puede ser hombre de paz, habiendo hace sólo unos meses intentado dar un golpe de estado tan contumaz, como para personarse ante la Consellería de Economía los días 20-21 de septiembre, junto con los Jordis, varios Consellers y decenas de miles de radicales que allí se dieron cita, promoviendo una explosión de violencia, tratando de impedir por la fuerza el registro de dicha Consellería por una comisión judicial a la que asediaron, destrozando violentamente uno de los vehículos oficiales, y el 1 de octubre, día del referéndum, impidiendo también que la Guardia Civil pudiera acceder a los lugares de votación para retirar las urnas, con reiterados episodios de violencia y fuerza tumultuaria e intimidatoria contra el Estado, incluso poniéndoles delante como escudos niños casi bebés?. ¿Cómo puede hablar de paz quien cuando el 4 de enero sus seguidores separatistas acudieron a las puertas del Tribunal Supremo, para ejercer presión contra los Magistrado que debían resolver sobre su petición de excarcelación, aun sabiendo que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe terminantemente presionar, inquietar o perturbar a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales?. ¿Esa es la paz, la bondad y la misericordiosa voluntad con la que el recluso Junqueras, disfrazado con piel de cordero, quiere hacer ver a los jueces sus bondades, y a los demás hacernos comulgar con ruedas de molino?. ¿Es que ignora el incriminado que el hecho de haber sido vicepresidente de la Generalidad, o de ser católico, o de presentarse ahora como hombre bueno y de paz, no constituyen ninguna eximente ni atenuante penal que le permitan ser puesto en libertad, y menos cuando en el programa electoral con el que se ha presentado a las elecciones legales autonómicas todavía mantiene su aspiración de poner en práctica la república que ya han proclamado, con el firme y decidido propósito de mutilar el territorio nacional y romper el Estado, valiéndose del propio Estado?. Los jueces están para enjuiciar y valorar conductas delictivas tipificadas en el Código Penal, y no los golpes de pecho tras los golpes de fuerza infligidos a la unidad de España y los golpes de manos contra los agentes que en el asedio a la comisión judicial resultaron heridos. Fíjense qué clase de arrepentido, que nada más saber que no sería excarcelado, comenzó a jalear a los suyos: ¡Persistid, que yo persistiré!. ¿Qué juez se puede creer así que no volvería a reincidir? Y lo que la Justicia ha valorado es que estamos aquí en presencia de actos supuestamente delictivos muy graves, como celebrar un referéndum que el TC había declarado inconstitucional y prohibido, proclamar la independencia de Cataluña en ejecución de su plan preconcebido y acudiendo a vías de hecho, alzándose contra el Estado español al declarar la república, contra la Constitución, contra su propio Estatuto de Autonomía y contra todo el ordenamiento jurídico. Tal comportamiento, lejos de admitir cualquier banalización en su significado, constituye un hecho gravísimo en un Estado democrático de Derecho, en el que el cumplimiento de la ley como expresión de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige, imponen límites que deben ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada. Tales hechos, además de ser susceptibles de comisión del delito de desobediencia, que ya es bastante grave, pueden también ser constitutivos del delito rebelión que tipifica el artículo 472 del Código Penal, cuando se trate de derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y el artículo 544 exige para que se aprecie un delito de sedición, que se produzca un alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones. Y ninguno de los dos tipos delictivos exige para su consumación la obtención de la finalidad perseguida, bastando que se actúe con esa finalidad. Esos delitos, son de los más graves que se pueden cometer contra un Estado de derecho, que van unidos a otros como los de prevaricación y malversación de fondos públicos, que todos llevan aparejadas gravísimas penas. Pero, además, todo se ha hecho conforme a un plan preparado con premeditación y alevosía, con una hoja de ruta predeterminada y junto a la aprobación de toda una serie de leyes que eran inconstitucionales, aprobadas a prisa y corriendo para romper en dos días lo que llevaba construido, al menos, más de 500 años, con el propósito de sustraerse cuanto antes a la acción del Estado, con el parlamento semivacío, silenciando a la oposición, retorciendo el Reglamento de la Asamblea, y con una voluntad irrefrenable, resuelta y decidida de desobedecer las reiteradas sentencias del TC, los informes del Consejo de Estado, los dictámenes en contra de los propios Servicios Jurídicos de la Generalidad y, por último, llegando a proclamar la república de Cataluña. Se quiso proclamar esa independencia fuera de cualquier vía de Derecho, en contra del ordenamiento del Estado español, y anunciando su firme voluntad de incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, situándose abiertamente fuera de la ley. Y lo hacían desde el ejercicio del poder, lo que explica que no necesitaran utilizar en ese momento la violencia para asaltar el mismo como paso previo para la ejecución del plan, porque eran ellos los que en Cataluña formaban parte del propio Estado. Y todo eso se ha hecho de forma pública y notoria, con voluntad indubitada, inequívoca y llevada a cabo hasta las últimas consecuencias y por encima de todo, pasara lo que pasara y, llegado el caso, utilizando todos los medios a su alcance, incluso la violencia, a pesar de la reacción que cabía esperar de parte del Estado, que tiene el ineludible deber de asegurar la paz social y el orden público. ¿Qué pretendían, que el Estado se quedara cruzado de brazos para que cuatro desalmados sembraran la alarma social, pusieran en vilo y en jaque a toda Cataluña, a España y a Europa?. Pues cuando todo eso ocurre, y el encarcelado que pide la libertad ha sido vicepresidente de ese Govern faccioso, del que, por si fuera poco, el que fue su president lleva desde entonces está fugado en Bruselas con cuatro ex consellers, donde siguen haciendo propaganda indigna y hostil contra España, ¿en qué cabeza cabe que por el hecho de invocar su condición de creyente católico y hombre de paz, la Sala del Tribunal Supremo iba a ponerlo en libertad?. Con las cosas del Estado y de comer, no se juega; hay que ser lo suficientemente responsable como para no hacer peligrar ni correr tanto riesgo a los catalanes y a todos los españoles. No se puede ir a declarar ante un Tribunal Supremo como si se fuera un fin de semana a unos ejercicios espirituales a invocar actos de contrición. A Dios lo que es de Dios y a la ley, su cumplimiento y respeto. En Derecho, la paz no se predica en sede judicial. Se cumple la ley y se acata la Justicia. Y cuando se tienen atribuidas potestades públicas de tal calibre que se forma parte del propio Estado, al que luego quiere romperlo, no se puede uno andar con pamplinas y autos de fe de ser creyente pacífico, sino que hay que acreditar serlo con hechos probados. Un gobierno de Comunidad debe ser mucho más serio que los gobernantes separatistas catalanes han demostrado tener. Y, cuando de manera tan pueril uno se la juega, luego hay que estar y pasar por las resultas que de ello se derivan. ¿Alguien se imagina en qué manos habrían caído Cataluña y los catalanes si el golpe hubiese triunfado?. Que “Dios les hubiese cogido confesados”, como coloquialmente se dice. ¿Podía creer seriamente el imputado señor Junqueras que era el Estado, y no ellos rompedores del propio Estado, el que se situaba fuera del marco de la ley, como tantas veces llegaron a decir, cuando tanto pregonaban que no obedecerían al Tribunal Constitucional ni se sujetarían a las normas del Estado español?. Si se dijo hasta la saciedad, retando al Estado, que habría declaración de independencia unilateral “sí o sí”, y que se haría contando con el apoyo de movilizaciones populares como elemento decisivo para forzar al Estado a claudicar, a sabiendas de la alta probabilidad de que se dieran episodios de violencia y enfrentamientos físicos, como los hubo, incluso cortando vías públicas; habiendo llegado a la extraordinaria gravedad, como se recoge en el Auto, de incitar a varios millones de ciudadanos a que acudieran a votar ilegalmente. El choque con los agentes estaba así asegurado, porque éstos tenían la ineludible obligación de impedirlo. El investigado se quejó de no poder concurrir a la formación del Parlament.. Es más, hasta se ha dicho por activa y por pasiva por sus seguidores que los encarcelados son “presos políticos”. Y eso es faltarle al respeto a quienes de verdad lo fueron en otras épocas. Pero Puigdemont ha llegado a más, hasta decir que son “rehenes políticos”. Y es mentira. Los demás, si acaso, son “políticos presos” por supuestamente haber delinquido. Pero Puigdemont, tan gallito él cuando incitaba a todos a votar y cuando declararon la independencia y proclamaron la república, en cuanto se aprobó el artículo 155, se zurró pantalones abajo, huyó de la quema de su propio incendio, refugiándose cobardemente en Bruselas, dejando a Cataluña y a los catalanes tirados en la cuneta. Él, no es preso político, y menos rehén político. Ni siquiera tal calificativo merece. Lo que sí es un fugado, “prófugo” de la Justicia. Y, además, ahora pretende gobernar por vía telemática desde Bruselas. ¿Se puede tener tanto rostro y tan poca vergüenza?.