La empresa Hoarce volvió a presentar denuncia en los juzgados por la ocupación, ayer, de los terrenos en los que se levantaba un depósito de gas que fue derribado por las máquinas de obra. Es la segunda que presenta en este mes después de que el pasado 9 de octubre trasladará al juzgado de guardia la ocupación de parte de su parcela por parte de la SIEP con presencia de unidades de la Benemérita.
Hoarce espera que la justicia actúe ante una acción que considera despótica y que se está llevando a cabo en unos terrenos que siguen registrados a nombre de la empresa, que, recuerda, todavía no ha recibido “un duro” pero sí ha perdido terreno.
En ambas ocupaciones la Benemérita les ha indicado verbalmente que disponen de una orden de la Delegación del Gobierno para actuar en la zona, pero dicha orden no se les ha trasladado ni enseñado. Hoarce mantiene, y así lo muestran sus documentos oficiales, que el terreno sigue siendo propiedad privada y que la administración se mueve aplicando una ley de expropiación de la época franquista que anula cualquier derecho del ciudadano.
Las dos denuncias están presentadas, respectivamente, en los juzgados 1 y 6 de la ciudad, aunque luego se unirán en un procedimiento único en el que se deja claro que la administración ha ocupado unos terrenos sin abono del dinero y a pesar de que están escriturados a nombre de la empresa de áridos.
“Se tiene que implicar la Confederación”
El portavoz de UDCE, Mohamed Alí, ha criticado la “falta de sensibilidad” que está teniendo la administración con la empresa Hoarce. Para Alí es “lamentable” la forma en que se está comportando la administración “con la empresa y sus trabajadores” justo en un momento en que “se dice públicamente que se va a crear empleo y resulta que con Hoarce hacen lo contrario”, indicó, aludiendo a las manifestaciones del delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, que cifró la creación de empleo en 450 puestos. UDCE insta a la administración a que dé el dinero “justo” y “acorde” con las reclamaciones de la empresa . “Que tengan la garantía de que van a cobrar, sin que se cometa ningún tipo de abuso”, matizó Alí. El principal partido en la oposición asegura que permanecen “atónitos” ante la “actitud despótica” del Gobierno” y piden la implicación en este asunto de “los agentes sociales y de la Confederación de Empresarios” para atender la situación por la que está atravesando la empresa Hoarce desde que comenzara a aplicarse contra él la expropiación forzosa por parte de la SIEP para la construcción de la futura cárcel de Fuerte Mendizábal.
