“Hay un interés en trasladar que estamos trabajando atemorizados”

La labor de la Guardia Civil en la frontera ha sido puesta en entredicho esta semana. Es tanto lo que se escribe como lo que se desconoce, hasta el punto de que según la fuente de la que beba un artículo se puede dibujar un espacio fronterizo u otro; o bien uno marcado por la ilegalidad u otro definido por la labor más escrupulosa y ajustada a derecho que pueda aplicarse en una frontera.

El auto emitido por el juzgado de instrucción número 2 de Melilla y conocido esta semana daba al traste con el protocolo ideado por Interior para definir en qué zona los guardias civiles deben empezar a aplicar la ley. El propio magistrado Lamo de Espinosa al igual que otros juristas y cuantiosas oenegés clamaban contra la ilegalidad de las actuaciones en el vallado. En cambio, profesores de la talla de Augusto Piqueras, del departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada (UGR), llegaba a calificar esta controversia de “absurda”. Experto en inmigración y extranjería, Piqueras reconocía que “un país siempre puede expulsar a un extranjero ilegal pero no devolverlo a un país en el que se le persigue”. La diferencia estriba, por tanto, en si se considera que el Reino alauita vulnera o no los derechos de los no nacionales que lo atraviesan. Crítico con el dictamen del juez de Melilla, Piqueras considera que conclusiones de este tipo son como “negar que los aeropuertos hay fronteras, aún dentro del territorio nacional”. “En Barajas hay una frontera y tampoco tendría ni pies ni cabeza decir que hay que aplicar la Ley de Extranjería a quien llegue allí”, ejemplificó. “Jurídicamente no veo ningún problema a la llamada ‘devolución en caliente’ salvo que en la detención física, no jurídica, y la entrega posterior se produzca algún daño”, añadió.
Manifestaciones como las de Piqueras no han encontrado cabida en ningún medio de ámbito nacional. Y es que las tesis contrarias al pensamiento más generalizado se pierden en el camino, simplemente se obvian.
Y en medio de todo esto, los guardias civiles. “Hay un interés en trasladar que estamos trabajando atemorizados, asustados, cuando esto no es así”, explica Juan Amado, vocal del Consejo de la Guardia Civil y uno de los que más se ha posicionado a la hora de denunciar las injusticias y atentados contra los derechos humanos de la población migrante. De hecho, presentó denuncia en Marruecos contra las organizaciones que se dedicaban a ejercer de ‘motores humanos’ colando a subsaharianos en Ceuta que no sabían nadar y a los que abandonaban en las cercanías de las costas. La sangría de muertes fue tal, que denunciar en origen fue uno de los medios para terminar con aquel método, seguido de las duras condenas de hasta 8 años de prisión que impuso la Audiencia en Ceuta a los magrebíes que habían elegido tan torcido oficio. Para Amado, los guardias civiles sí tienen claro cuál es la forma de actuación que deben llevar a cabo si un inmigrante intenta saltar el vallado. Acción que hoy por hoy se ha convertido en algo más anecdótico después del último intento de salto masivo registrado el 4 de marzo. “Si trabajamos siguiendo un protocolo, significa que el mismo se ajusta de derecho”, añade Amado. “Si hubiera algo irregular en esa forma de proceder, el problema es de quien da ese protocolo no de los guardias civiles que lo cumplimos”, concreta.
Ese protocolo nació del mismo Ministerio de Interior y fue avalado por los mandos de ambas Comandancias, la ceutí y la melillense. “Nosotros no somos jueces ni especialistas para conocer esos extremos, seguimos un protocolo que está reflejado como tal porque debe ajustarse a la ley”, aclara. “Si nuestras actuaciones salen en prensa y ni un juez ni un fiscal ha dicho nada será porque entiende que lo que estamos haciendo es legal, ¿por qué vamos a ponerlo nosotros mismos en duda?”, concluye. “Nosotros no estamos en contra de la inmigración, pero nuestra misión es evitar ese tránsito irregular”, matiza.
La frontera, la actuación que en la misma lleva a cabo la Guardia Civil, va tomando una forma de enfrentamiento. Partidos políticos, asociaciones, profesores se posicionan en lo que ya parece haberse convertido en objeto de polémica no ya porque se ponga en cuestión un trabajo, sino porque ahí radica un foco de roce político más.

La investigación judicial en torno al 6-F, con toma de declaraciones

La instrucción del juzgado número 6 en torno a lo sucedido el pasado seis de febrero sigue su curso. La Guardia Civil se está encargando desde hace semanas de tomar declaración a los agentes que estuvieron de servicio ese día con tal de aclarar el papel que desarrolló cada uno. Las labores que está llevando a cabo la Policía Judicial se hacen a requerimiento del juzgado que, de esta forma, quiere clarificar lo que se hizo, cómo se hizo y cómo fue la participación de todos los presentes. De igual manera se requirió la información de todo el material empleado y de la participación concreta en cada momento. Con una instrucción exhaustiva, se sigue la investigación de todo lo sucedido para aportar mayor transparencia a unos hechos sobre los que ya se posicionó el propio Ministerio de Interior.

El PSOE busca el protocolo que ya existe

Esta semana el secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, aprovechaba la polémica suscitada tras el auto dictado por un juzgado de Melilla para reclamar la puesta en marcha de un protocolo para los guardias civiles. Carracao reclamaba un protocolo de actuación “consensuado y con todas las garantías legales”, al considerar que los guardias civiles “necesitan claridad y garantías en las órdenes que reciben” así como que “ante los resultados del cumplimiento éstas, respondan exclusivamente los máximos responsables, es decir, el ministro de Interior”.
A Carracao se le olvidaba preguntar. Porque si lo hubiera hecho conocería que sí existe ese protocolo y que incluso los agentes de cualquier unidad tienen acceso al mismo. Un protocolo que establece cómo actuar con un inmigrante que intenta saltar la valla y en qué punto puede existir rechazo o no.  “Es necesario un protocolo en tierra”, reclamaba el socialista. El mismo, en forma de protocolo operativo, está perfectamente definido tanto para Ceuta como para Melilla y está incluido en el sistema interno de la propia Guardia Civil.
Cuando los inmigrantes estén en zona entre vallas podrán ser rechazados a Marruecos salvo causas mayores. No así será cuando el inmigrante haya saltado la doble valla, lo que conllevará una entrega a las dependencias policiales para la apertura del expediente oportuno y su asistencia. De igual manera existe ese protocolo en el mar, que también es acatado por las distintas unidades.
¿Se ha cumplido siempre esta norma? No hay que irse muy atrás en el tiempo para llegar al año 2005. Aquel 29 de septiembre Ceuta sufrió uno de los asaltos más trágicos a la valla. Buena parte de los inmigrantes que quedaron heridos en el terreno fueron rechazados a Marruecos. La Guardia Civil recibió órdenes de la Delegación del Gobierno de actuar de esta forma. El PSOE gobernaba, pero no se pidió la imputación de Rodríguez Zapatero.