La
Asamblea de Ceuta ha declarado a lo largo de las últimas décadas personas non gratas en Ceuta a tres ciudadanos. El primero, en los años noventa, fue el ya fallecido Mohamed Hamed Ali, ceutí que predicaba la marroquinidad de la ciudad y llegó a ser a
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. En junio del ejercicio pasado fue
repudiado políticamente de la misma forma el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, después de aprovechar la crisis migratoria de mayo para venir a denunciar la existencia de “quintacolumnistas” del país vecino en la clase política y la sociedad local con un lenguaje lo suficientemente ambiguo para que se le entendiese que se refería a la población caballa de origen árabo-musulmán. Se entendió que con ello buscaba quebrar la convivencia y rascar votos sembrando “odio”.
La última en merecer el mismo deshonor a ojos de la Corporación ha sido, este martes, la exministra María Antonia Trujillo, en su caso, como Hamed, por hacer suyas las tesis anexionistas del país vecino (“están plenamente justificadas”, llegó a decir a principios de mes en un Congreso Internacional en Tetuán) que el propio
Marruecos se comprometió a orillar en abril, cuando acordó abrir con España una nueva etapa en sus relaciones bilaterales presidida, entre otros principios, por el “respeto” a la integridad territorial mutua. La calificación de persona non grata en el ámbito político no tiene ninguna consecuencia jurídica. En el campo diplomático, sí. Según la Convención de Viena, un Estado puede “en cualquier momento, y sin tener que explicar su decisión” declarar ingrato a cualquier persona de un cuerpo extranjero, con lo que pasa a ser considerada inaceptable y normalmente es requerida por su país de origen para que regrese al mismo. Si no lo hace, el Estado “puede rechazar reconocer a la persona en cuestión como miembro de la misión”.