La Fiscalía de Ceuta ha citado a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación a seis guardias civiles de la Compañía Fiscal que estaban de guardia la tarde del pasado 28 de noviembre, cuando dos funcionarios de la Benemérita supuestamente expulsaron ilegalmente a Marruecos a dos menores migrantes no acompañados nacionales del país vecino de 15 y 16 años cuya devolución al país vecino estaba, además, suspendida desde agosto por orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad.
El Ministerio Público también tomará declaración, en su caso como testigos, a varios efectivos del Servicio Marítimo del Instituto Armado después de que a principios de diciembre incoase una investigación sobre los hechos denunciados por Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, NoNameKitchen, Maakum y Fundación Raíces.
La Fiscalía ha revisado ya más de diez horas de grabaciones de las cámaras de seguridad tanto de la Autoridad Portuaria, donde supuestamente los dos chicos fueron rescatados del agua por una embarcación oficial, como de la Guardia Civil, a la que también se le pidieron los audios de todas las comunicaciones del Centro Operativo de Servicios, la identificación de los agentes de servicio aquel día y las minutas de intervención en prevención de intrusión indebida en los muelles o en buques.
Fuentes judiciales han explicado que en las cintas se ve un rescate en el mar y, posteriormente la llegada de un vehículo que va hasta la frontera para abandonarla poco después sin que se pueda ver con claridad su interior.
Según la denuncia de las oenegés, los adolescentes se encontraban en el puerto junto a un amigo intentando subir a un ferry como polizones cuando fueron interceptados por una lancha de la Guardia Civil y llevados a dependencias del Instituto Armado, donde dieron cuenta de sus datos y de que estaban alojados en el equipamiento de emergencia de Piniers “sin que en ningún momento fueran asistidos por intérprete, abogado o representante del Área de Menores”.
Acto seguido, “empapados”, habrían sido subidos a un coche de la Benemérita para, acompañados por dos agentes, ser llevados hasta la frontera. Allí “imploraron llorando a los agentes que no les expulsaran, que eran menores y que querían quedarse en España”, pero aún así “los dos guardias civiles les cogieron de las manos y les forzaron a salir por una puerta para entregarlos a los policías marroquíes”.
Las entidades denunciantes consideran que, de confirmarse lo relatado, supondría “un grave incumplimiento del procedimiento establecido y una intolerable vulneración de los derechos de estos niños”, así como un “grave desacato” de resoluciones judiciales.
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