La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha pedido al Gobierno que defienda públicamente a los agentes que intervinieron el pasado 24 de junio en el salto de la valla de Melilla, en el que murieron al menos 23 migrantes, así como a todos los agentes que trabajan en la frontera de Ceuta.
Así lo solicita la Aprogc en un comunicado emitido con ocasión de la visita de varios diputados de la Comisión de Interior del Congreso a la frontera de Melilla con Marruecos, donde podrán ver imágenes de la tragedia.
"Estas muertes se podían haber evitado y el causante de estos lamentables acontecimientos vuelve a ser el efecto llamada causado en parte por la hipocresía de quienes ahora nos acusan", mantiene la Aprogc en nota de prensa.
La Aprogc exige al Gobierno "que defienda públicamente a los guardias civiles de Melilla y que recurra a la Unión Europea si Marruecos no cumple el acuerdo de readmisión que firmó con España en 1992".
Recuerda que, como viene avisando desde hace años, "la aplicación sistemática del rechazo en frontera, pese a ser legal, ha conllevado que los inmigrantes sean cada vez más violentos porque creen que agrediendo a los guardias civiles y superándolos van a conseguir entrar en Europa".
Asimismo, la asociación ha añadido que hace años viene pidiendo "que todos los inmigrantes que salten las vallas violentamente sean puestos sistemáticamente en frontera en virtud del acuerdo de readmisión firmado entre España y Marruecos".
Sin embargo, la Aprogc advierte de que "pese a las supuestas buenas relaciones entre ambos países España no es capaz de hacer que Marruecos cumpla dicho acuerdo".
En este sentido, los agentes recuerdan como su trabajo también se vió cuestionado por "políticos, ONGs y medios de comunicación" ante lo sucedido en el Tarajal de Ceuta en el 2014, "trasladando a la opinión pública una versión de los hechos que nada tenía que ver con la realidad".
"Tuvo que ser finalmente una sentencia judicial, la que pusiera fin a una situación esperpéntica en la que 16 Guardias Civiles tuvieron que aguantar la injusticia de verse acusados durante años por delitos de homicidio; sus carreras truncadas, su reputación en entre dicho y sus familias con el alma en vilo", han proseguido.
"Si se aplicase el acuerdo de readmisión los saltos violentos desaparecerían, los derechos de los inmigrantes serían escrupulosamente respetados antes de ser puestos en frontera y los guardias civiles dejaríamos de ser continuamente cuestionados por cumplir con nuestro deber", subraya la Aprogc.
Finalmente, insisten en que "la aplicación del rechazo en frontera pone en peligro a los guardias civiles y les condena a combatir cuerpo a cuerpo con los inmigrantes y a sufrir salvajes agresiones con piedras, palos y garfios aumentando el efecto llamada y la violencia de los futuros saltos".
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