AUGC critica, y debe mostrar su preocupación ante los signos de precipitación con los que desde la Guardia Civil se pretende afrontar la desescalada de las medidas adoptadas en el estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus.
Y es que, además de no haberse adoptado desde la Dirección General las medidas preventivas que desde un principio se han reclamado por parte de AUGC (reducir el tiempo de exposición de los agentes, así como el número de miembros del Cuerpo expuestos, adaptación de los turnos de trabajo y creación de equipos estancos para evitar contagios, etcétera), ahora advertimos que, nuevamente, el criterio de uno y otro cuerpo de seguridad vuelve a ser dispar, como ya ocurriera en el inicio del estado de alarma.
Mientras que en la Policía Nacional se llevará a cabo una paulatina desescalada en tres fases para volver a disponer de todo el potencial de servicio de forma presencial, en la Guardia Civil nada de fases y ya han entrado las prisas, predominando la imprudencia en determinados servicios a la hora del retorno para llevar a cabo actuaciones ordinarias cuando aún nos encontramos en una situación difícil y excepcional.
Es el caso, por ejemplo, del servicio de Intervención de Armas, desde el que se ha indicado a través de un correo electrónico de fecha 6 de mayo que la próxima semana, si existe posibilidad, se irán dando citas a los ciudadanos con una separación de veinte minutos entre cada una. Esta decisión resulta aún más llamativa después de que el Gobierno haya excluido, y por tanto prohibido, expresamente la práctica de la caza como actividad deportiva individual.
Y es que hemos de pensar que el inicio de la puesta en marcha de citas a los ciudadanos, por parte de las intervenciones de armas, supondrá la iniciación de una cadena de trámites como son el pago de tasas en entidades bancarias o la adquisición de modelos estandarizados. La consecuencia directa de esto es el aumento de los desplazamientos bajo la excepcional situación de estado de alarma.
Estas medidas contrastan con las decisiones llevadas por la Policía Nacional, donde para la renovación del DNI, las citas para su renovación o expedición están suspendidas hasta nuevo aviso, no existiendo fecha prevista por el momento para la apertura de la cita previa, pero la Guardia Civil sí se plantee comenzar a dar citas para el servicio antes citado.
El mismo ejemplo lo encontramos en la ITV de los vehículos, algo de especial importancia para evitar que circulen por nuestras vías vehículos que no reúnen condiciones idóneas, un servicio que se encuentra también suspendido, sin que figure en su web fecha de reapertura.
Otra muestra de esta precipitación es que se vayan a iniciar a los controles de alcoholemia preventivos por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que por su propia naturaleza implican un riesgo de contacto elevado tanto para los agentes como para los conductores. Es evidente la realización de una prueba de alcoholemia cuando el conductor de un vehículo se encuentra bajo los efectos de embriaguez o en caso de accidente de circulación, pero no se entienden estos controles, que aglutinan a gran cantidad de personas y que además es difícil lograr que los usuarios mantengan la distancia de seguridad, o que adopten las medidas sanitarias para proceder a la realización de la prueba de detección alcohólica.
En otras especialidades nos hallamos con situaciones similares. Por ejemplo, en unidades de Fiscal y Fronteras (aeropuertos y puertos) la problemática se incrementa con las instrucciones de comprobar los motivos de viaje de todos los pasajeros, pero sin una unidad de criterio unificada y clara en estas unidades de la Guardia Civil en el territorio nacional. Así, se han llegado a provocar situaciones de difícil justificación ante los ciudadanos; pasajeros que son admitidos para coger el vuelo en un aeropuerto, siendo posteriormente devueltos al llegar al aeropuerto de destino. Por no mencionar la ya conocida falta de material de protección en algunas de estas Unidades, siendo en ellas especialmente necesarias ante el contacto con viajeros procedentes de diferentes destinos, o la ausencia de sistemas para el control de temperatura de viajeros que se han puesto en marcha ya en otros países del entorno de la Unión Europea.
Los guardias civiles destinados en unidades de Policía Judicial o Información también critican la falta de unas directrices operativas específicas frente a la situación de desescalada, en la actuación contra el coronavirus para las diferentes actividades técnico-científicas que desarrollan.
Por último, desde AUGC tenemos que denunciar la falta de previsión en la situación de varios pelotones del GRS que se encuentran en una comisión de servicio en Ceuta y Melilla, la cual dura ya más de dos meses. Aún no tienen fecha de regreso, a pesar de haber recibido varios anuncios para regresar a sus hogares, pero estos siempre han sido cancelados. Mientras en la península, estas unidades del GRS, al igual que unidades de seguridad ciudadana, ven como tienen que intensificar los dispositivos operativos para la identificación de ciudadanos, pareciendo primar, una vez más, criterios estadísticos.
Por otra parte, seguimos reclamando la instalación de mamparas y otras medidas de protección en las dependencias de atención al ciudadano, siguiendo así las normas que desde Sanidad se aplican a los establecimientos privados en los que existe contacto con el público.
Todo ello provoca en los guardias civiles una gran sensación de inseguridad y desamparo. Creemos que estamos en un momento clave de la desescalada, apenas dando los primeros pasos de ésta, y por tanto, ha de extremarse la prudencia antes de abordar cualquier decisión que pueda poner en riesgo la salud tanto de los agentes como de los ciudadanos.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
