El guardia civil acusado de tráfico de hachís: "No tengo nada que ver con la droga"

Destinado en el servicio de los equipos búho de la Guardia Civil, al agente M.Z. le vinculan con la trama de pase de drogas que fue descubierta por el Instituto Armado tras la intervención de casi 40 kilos de hachís en Benzú, en mayo de 2018. Él es uno de los seis acusados que se sienta en el banquillo de la Audiencia desde este miércoles, enfrentándose a una petición de 7 años de cárcel y la pérdida, por tanto, del uniforme. Según los investigadores del Instituto Armado adscritos a la Policía Judicial, él es ‘Rubia’, el nombre utilizado en los mensajes de WhatsApp analizados tras la intervención de los teléfonos móviles hallados en la operación antidroga.

M.Z. solo respondió a las preguntas formuladas por su abogado para aseverar que “nada” tiene que ver “con la droga” y que desde el año 1992 en el que ingresó en el Cuerpo “nunca he sido detenido ni acusado” de ningún delito. No piensa lo mismo el equipo de Policía Judicial que llegó hasta él tras analizar el contenido de los teléfonos móviles aprehendidos, labor que se llevaría a cabo de manera manual en Ceuta (revisando llamadas perdidas, mensajes y agenda) e intentando recuperar contenido borrado mediante el apoyo del Laboratorio de Criminalística de Madrid.

Según explicó el jefe de Policía Judicial en nuestra ciudad, tras el cotejo de las conversaciones mantenidas entre uno de los acusados y el tal ‘Rubia’ pudieron identificar al agente M.Z. por la información que se daba sobre las patrullas de vigilancia o la ubicación de las cámaras térmicas. Esas informaciones se correspondían con días en los que el guardia civil había estado de servicio en las cámaras térmicas, adscrito a la Unidad de Seguridad Ciudadana, por lo que no tenían dudas de que fuera él.

Según las investigaciones desarrolladas, usaba una línea telefónica a su nombre y tenía otros 3 usuarios, disponiendo de un teléfono marroquí además de tarjetas. Para el responsable al frente de Policía Judicial ‘Rubia’ era M.Z., por eso lo detuvieron registrando tanto su vivienda familiar en la Península como la que usaba en Ceuta, interviniendo además de teléfonos móviles, algo más de 3.000 euros en efectivo repartidos en sobres y billetes de 50 euros, algo que se consideró “significativo” aunque el agente indicó que eran sus ahorros de toda una vida trabajando en el Cuerpo.

En las conversaciones que intervinieron o descifraron se advirtió contenido relacionado con la posición de coches, matrículas de los vehículos que llevan visores térmicos, ubicación del Servicio Marítimo... Datos que, entienden los investigadores, eran claves para que los que debían pasar la droga supieran a qué atenerse, por qué puntos moverse o no, si existía en definitiva una vigilancia que pudiera truncarles el negocio. El acusado declaró que ni él mismo sabía los servicios que le iban a tocar porque se hacían a sorteo, es decir, no podía conocer ni su horario ni su lugar para supuestamente informar a enlaces en pases de droga porque no los conocía hasta la entrada misma al servicio.

El Ministerio Fiscal, en su calificación inicial, pide penas de prisión de entre 9 y 6 años para los acusados porque considera que existía una relación clara entre todos ellos para pasar hachís en motos de agua, contando con esa protección que suponía disponer de información en torno a lo que estaba haciendo la Guardia Civil. El mando de Policía Judicial aportó algunos detalles obtenidos de las investigaciones de los teléfonos móviles intervenidos, datos como que el 4 de mayo, cuando se interceptó de madrugada la droga y la moto, se habían cruzado varios mensajes de WhatsApp alertando de que las cámaras del SIVE habían detectado la embarcación, urgiendo a poner en marcha “un plan B”, es decir, marcharse hacia otra zona, abandonar o incluso protegerse en Perejil, ya en Marruecos. Explicó también que del análisis de uno de los teléfonos se comprobó que el 16 de abril se habría llevado a cabo otro pase pero, esta vez, tuvo éxito.

La detención inicial fue la de A.L., el único acusado que está en prisión preventiva, para después ir encadenándose más arrestos hasta los 6 que figuran como acusados en este procedimiento, a quienes llegaron por análisis de mensajes o rastros de llamadas perdidas, vinculándolos a todos con un papel dentro de esta acción delictiva.

La representante del Ministerio Fiscal tuvo que guardar en el tintero las múltiples preguntas que hubiera querido formular a cada uno de los 6 acusados. Estos se acogieron a su derecho a no declarar -solo el guardia civil respondió pero a cuestiones de su abogado-. Sí que la Sala permitió que las formulara pudiendo quedar recogidas. La representante del Ministerio Público preguntó varias cuestiones a los acusados sobre cómo se produjo la interceptación de los casi 40 kilos de hachís en la parte alta de una vivienda de Benzú donde moraba uno de los acusados, sobre qué relación tenían entre ellos, si mantuvieron intercambios de mensajes a través de sus teléfonos móviles, por qué hubo constantes conversaciones la madrugada en la que se produjo el hallazgo del hachís o qué contactos tenían entre los acusados y el agente del Cuerpo detenido.

El próximo 8 de enero tendrá lugar la tercera y última sesión de juicio oral. Una vista clave, o más bien determinante, porque declarará el perito a quien se le ha encomendado el análisis de los teléfonos móviles intervenidos, de los que partieron las detenciones e investigaciones. Podrá aclarar si mientras estuvieron bajo custodia de la Guardia Civil fueron manipulados sin haber tenido todavía orden judicial para ello o simplemente se enchufaron a la corriente con el único fin de que permanecieran encendidos para poder, después, analizarlos. De apagarse, sin el PIN, no habrían podido sacar toda la información que llevó a la cascada de arrestos.

Las defensas piden una inspección ocular de la zona

Los abogados que defienden los intereses de los seis acusados solicitaron al tribunal de la Sección VI que autorizara una inspección ocular en Benzú, para ver in situ el lugar en donde actuó la Guardia Civil, la vivienda en donde dicen los agentes que se escondió uno de los acusados y el punto exacto en donde fueron halladas las mochilas con casi 40 kilos de droga supuestamente descargadas de la moto de agua. Consideran que es importante ver in situ toda la zona porque creen que ha habido dudas. Fiscalía se opuso pero la Sala estudiará si acepta o no. Lo hará una vez se lleve a cabo la declaración prevista para el 8 de enero y si considera que puede servir para aportar claridad.

Qué es lo que sucedió esa noche

Un agente de la Benemérita que intervino esa noche en Benzú aclaró que se les avisó al haber una moto encallada en la playa, claro indicio de que se estaba cometiendo algún ilícito. Esa misma noche se recuperaron las mochilas con la droga, se detuvo a uno de los acusados por su presunta relación con la mercancía y se decomisó la moto de agua que fue analizada. Además se recuperaron 3 teléfonos móviles que quedaron custodiados en las oficinas del puerto hasta su entrega a Policía Judicial. Uno de los móviles lo portaba el detenido y los otros dos estaban en la azotea de la casa, al lado de las mochilas cargadas de droga. Todo fue debidamente protegido.

Dos versiones totalmente opuestas en un caso de 2018

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta aborda un caso en el que prevalecen dos versiones totalmente opuestas. A un lado la Fiscalía, manteniendo penas de hasta 9 de años de prisión ante lo que considera una trama relacionada con el pase de drogas con 6 acusados que llevaron a cabo distintos papeles en torno al abortado traslado de casi 40 kilos de hachís. Al otro lado las defensas, unidas en la teoría de salvar a sus patrocinados negando esas labores delictivas, negando esa implicación y solicitando además que sea aclarado si hubo una manipulación del teléfono clave en esta historia, antes de autorización judicial.

La importancia de un teléfono

Más que nunca en esta investigación fue determinante lo obtenido del análisis de los teléfonos móviles hallados, pero sobre todo de uno. Fue gracias al cotejo de los mensajes vía WhatsApp como se pudo captar información relevante para la investigación. De ahí, de ese análisis, se derivó la detención de buena parte de los acusados, entre ellos el guardia civil. Si se considera que hubo manipulación antes de contar con autorización judicial, nada de lo conseguido valdría; la Policía Judicial mantiene que solo fueron enchufados a la corriente para evitar que se apagaran pero nunca manipulados sin haber contado antes con el visto bueno de la autoridad judicial de instrucción.