Otro grupo de 38 menores será derivado a la península este mismo año

La consejería competente en materia de Menores que dirige Alberto Gaitán en Ceuta ha acelerado la ejecución del plan de respuesta solidario y voluntario articulado en verano por el Ministerio de Derechos Sociales, que lo financia, y las comunidades autónomas para aliviar la presión migratoria infanto-juvenil que sufren sobre todo Ceuta y las Islas Canarias.

Dicho acuerdo contemplaba el traslado a la península desde la ciudad autónoma entre 2022 y 2023 de 92 menores extranjeros no acompañados (y de 682 desde el archipiélago africano). Sesenta iba a irse en el presente ejercicio y 32 el siguiente, pero hasta la fecha ya han sido derivados a otras regiones 49 niños migrantes solos acogidos por Ciudad y antes de que termine el año se hará lo mismo con otros 38.

El traslado de menores no es “automático” y está sometido a múltiples condiciones más allá de la disposición de las distintas comunidades autónomas a recibir niños tutelados en Ceuta, pues debe haberse tramitado la determinación de edad, su situación de desamparo y contar con el visto bueno de cada joven.

El modelo de respuesta pactado por el ministerio y las autonomías no es automático, sino voluntario

El modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada pactado en verano por el ministerio que lidera Ione Belarra y las distintas autonomías busca dar respuesta, desde una perspectiva tanto estratégica como operativa, a las necesidades derivadas de llegadas de un gran número de personas menores de edad solas que exija un sobreesfuerzo a las entidades protección en lo que se refiere a recursos, infraestructuras, dotaciones, coordinación institucional y colaboración entre administraciones, con pleno respeto a la legislación vigente y especialmente a las obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos del Niño que se acusa de haber vulnerado en agosto del año pasado a Mabel Deu y Salvadora Mateos por la deportación de 55 jóvenes marroquíes.

El modelo no pretende crear un sistema paralelo de protección a la infancia y adolescencia, sino reforzar el existente a través de la coordinación de actores y recursos disponibles en todo el territorio español para “responder de manera ordenada y ágil ante una crisis humanitaria velando por el interés superior de los niños y adolescentes”.

Para activar la derivación es necesario declarar una contingencia migratoria con la correspondiente memoria justificativa (el criterio fundamental será la sobreocupación “significativa” del sistema de protección) y contar con comunidades dispuestas a involucrarse en una respuesta global a la misma, tal y como sucedió en Ceuta tras la crisis de mayo de 2021, que propició el traslado de 200 niños ya tutelados por la Ciudad a otros puntos de España.