El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, quien representa al colectivo en Ceuta y Melilla, se ha sumado este miércoles a las denuncias por la entrada en vigor, a partir de enero de 2023, del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para autónomos, que afectará en las ciudades autónomas a centenares de pequeños empresarios y profesionales.
El portavoz de los graduados sociales de Ceuta y Melilla, adscritos a los colegios de Cádiz y Málaga, respectivamente, respalda la denuncia realizada inicialmente por las Confederación Empresarial ceutí (CECE), ante la eliminación de una bonificación del 50 por ciento de las aportaciones de autónomos a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes a aquellos que se queden fuera de la cotización mínima, la recogida en el tramo 1 de la tabla general de bases.
El resto, verá sus cotizaciones incrementadas notablemente, “poniendo en riesgo la continuidad de cientos de pequeños negocios, motivo por el que no dudamos en sumarnos al frente común de quienes se oponen a esta medida, promovido en primer término por la organización empresarial ceutí, como haremos igualmente cuando se nos solicite ayuda desde la ciudad de Melilla”.
El presidente de los Graduados Sociales aporta a este debate los datos de empresas activas en ambas ciudades autónomas para poner el acento “en las pequeñas empresas gestionadas por autónomos que, bien trabajan a título individual, o tienen pocos empleados, y que suponen la base de la pirámide empresarial de Ceuta y Melilla, donde apenas hay empresas que superen los 50 empleados. Las cifras del Directorio central de empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) están ahí, y son evidentes a la hora de comprender cómo es la composición del tejido productivo en ambas autonomías”.
“La eliminación de las bonificaciones va hacer un daño enorme en el corazón de este núcleo de micropymes, que no van a poder asumir un incremento que se estima de hasta 500 euros al mes. Los graduados sociales conocemos bien este sector de pequeñas empresas porque se puede decir que somos sus médicos de cabecera, al gestionar y asesorarlas y saber cuál es su realidad en el día a día. La supresión de las bonificaciones en ambas ciudades autónomas haría un daño enorme a esta amplia mayoría de negocios regentados por autónomos, incluidos nuestros propios despachos profesionales”, sostiene José Blas Fernández.
El Consejo Andaluz representa a más de 9 mil graduados sociales de las 8 provincias andaluzas, más Ceuta y Melilla.
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