El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta se ha pronunciado este martes para demandar a las administraciones con competencia en Justicia,
Ministerio y Consejería de la Junta de Andalucía, “una hoja de ruta que permita desbloquear la situación de los
juzgados en la provincia y la Ciudad Autónoma tras la
huelga de los letrados, que ha agravado aún más la situación de bloqueo y retrasos de asuntos”. Al respecto han recordado que el conflicto laboral de los letrados de la Administración de Justicia “se ha saldado con la suspensión de 3.103 juicios en los distintos órganos judiciales gaditanos”, haciendo alusión también a la “cancelación de 8.720 actuaciones judiciales y la reducción en un 60% de los mandamientos de pagos realizados, 8.627 menos que en el Han explicado que una vez finalizada la huelga, ahora los graduados sociales exigen “un plan de choque que evite sumar aún más retrasos a los asuntos que, ya de por sí, acumulaban retrasos a causa de la lentitud de la justicia”, esto en palabras del presidente del colegio gaditano y del Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez.
"La recuperación no puede llevarse a cabo a costa de una pérdida de garantías"
Fernández Sánchez. ha señalado que el plan de recuperación al que se hace referencia, “debe respetar el derecho a la conciliación, rechazando así que puedan celebrarse juicios por la tarde o cada cinco minutos”. Ha añadido que “hay que hacerlo de manera ordenada, garantizando la eficiencia y la calidad del trabajo de todas las partes implicadas. La recuperación no puede llevarse a cabo a costa de una pérdida de garantías porque nuestro trabajo implica también tiempo de preparación, como el de los jueces poner sentencias”. Asimismo, ha indicado que “los justiciables no se merecen ser quienes paguen finalmente las consecuencias de la huelga de los letrados o la ahora anunciada convocatoria de paro de los funcionarios de Justicia”.
"No se trata de poner más parches a este caos, sino solucionar de una vez por todas la situación"
El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha dejado claro que “no se trata de poner más parches a este caos, sino solucionar de una vez por todas la situación de deriva de una administración en las que nadie quiere hacerse responsable de retrasos inasumibles, que desvirtúan lo que debe ser la justicia en un estado de derecho garantista como el nuestro”. Ha insistido en que “una justicia sin rapidez no es justicia, y quienes participamos de ella, como los profesionales libres, estamos al límite de nuestra paciencia”. Para finalizar ha expresado que “el proceso de reactivación debe llevarse a cabo con la participación de todas las partes implicadas, mediante la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vuelta a la normalidad y el respeto a la necesidad de conciliación de los profesionales. Y estableciendo roles claros sobre la responsabilidad de unos y otros; de otra manera seguiremos teniendo una justicia sobre el papel, pero no en la práctica real”, lamentando que “lo que hace unos años eran excepciones, retrasos puntuales, ahora se ha convertido en lo normal, señalamientos y vistas con hasta cuatro años de retraso”.