Dicho y hecho. El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, trasladó ayer a la directora general de Política Interior, Cristina Díaz Márquez, la problemática que se está produciendo en la ciudad debido a la existencia de colectivos que, amparándose en la lentitud de la concesión de las solicitudes de asilo, se están dedicando a delinquir. Al no poder ser expulsados mientras esa solicitud se encuentra en trámite, gozan de un limbo que está ocasionando problemas que incluso han sido denunciadas por la propia Jefatura Superior.
Pues bien, tal y como se había anunciado en El Faro del pasado domingo, González abordó con Díaz todos esos problemas que están directamente relacionados con los tiempos de espera. Ya el delegado había confirmado que se estaban estudiando fórmulas que permitieran una modificación legislativa con vistas a agilizar la resolución de los citados expedientes. Una idea gestada en la propia Delegación con la finalidad de conseguir algún tipo de cambio para Ceuta y Melilla, y por ende Canarias, que evite que esa lentitud se vuelva en contra de la propia Administración.
Tal y como ha confirmado la Delegación del Gobierno, al término de la reunión mantenida ayer, se ha confirmado que ya existe un borrador preparado donde se concreta esta posibilidad, documento que ahora deberá ser revisado por los departamentos correspondientes implicados en este asunto.
Paralelamente se ha reforzado la Oficina de Asilo y Refugio con más personal para atender con mayor eficacia las solicitudes de protección internacional, “lo que denota el interés del Gobierno por resolver este asunto”, explica la Administración, que ha añadido que, de esta manera, “se constata la sensibilidad que la Dirección General de Política Interior está demostrando con este problema, que afecta fundamentalmente al colectivo de ciudadanos argelinos, que son quienes mayor uso realizan de esta figura legal, aún a sabiendas de que no cumplen los requisitos que la norma establece para la concesión del asilo”.
Ese colectivo es precisamente el que la propia Policía relaciona con el aumento de robos, algunos con violencia.
