Como viene siendo habitual en las movilizaciones reivindicativas, organizadores y Gobierno no suelen coincidir. Mientras que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emitía un boletín donde cifraba la media nacional de participación de la huelga celebrada el martes pasado en poco más del 50%, los sindicatos organizadores de este paro catalogaron la huelga de “éxito”, con un seguimiento del 85%.
Lo mismo ocurrió a nivel local. La Secretaría cifró la participación de Fuerte Mendizábal en un 20%, a pesar de que los organizadores que conformaron el piquete informativo aseguran que cerca de la totalidad de la plantilla se adhirió a esta huelga, pese a que los servicios mínimos obligaran a trabajar a más trabajadores que en una jornada ordinaria. “Se ha paralizado la actividad habitual y se ha alterado el régimen de comunicaciones, talleres, actividades socio culturales, a pesar de las amenazas de expedientes”, expusieron los sindicatos.
Datos aparte, hoy está convocada la segunda jornada de huelga, de las seis programadas para los meses de octubre y noviembre.
Además del paro de labores en las prisiones del país, en la ciudad de Sevilla se prevé una manifestación ante la sede donde se va a celebrar el Consejo de Ministros, previsto para hoy en la capital hispalense. Mientras que no haya diálogo, los trabajadores de prisiones continuarán con el calendario de movilizaciones previsto.
Al Congreso
El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha solicitado una respuesta a la Cámara acerca de la operatividad de la prisión de Fuerte Mendizábal, así como las condiciones laborales de los trabajadores de esta prisión, que llevan desde la semana pasada denunciando las condiciones “mínimas que la Administración aplica en el sector penitenciario”.
El diputado de la formación naranja, Miguel Ángel Gutiérrez, ha pedido al ejecutivo central que explique qué medidas va a llevar a cabo para abrir los siete módulos que actualmente permanecen cerrados en el Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal.
En la misma línea, también cuestiona al Ejecutivo si se ha planteado incrementar el personal en esta cárcel, “para mejorar la calidad del servicio y garantizar la integridad del personal”. Y es que según apunta la formación, los mismos trabajadores de la prisión han denunciado como en un turno normal, un solo funcionario se debe hacer cargo de hasta 80 internos en el patio, “situación que consideran peligrosa para su integridad física”.
Asimismo, denuncian la negativa del Gobierno a dotarles de una Relación de Puestos de Trabajo que permita que este centro cuente con el personal necesario para dar un trato adecuado a los internos
