Los senadores del Partido Popular se han quedado con las ganas de saber qué pasa en el perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos.
Las preguntas formuladas sobre cuáles son los dispositivos que funcionan, el número de intentos de entrada de inmigrantes que se producen o qué responsabilidad política tiene el Ministerio del Interior si un guardia civil resulta herido por falta de medios se han perdido en la laguna de lo secreto. En eso se enroca el Gobierno.
El Gobierno de España responde que, según el acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que “se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por acuerdos de marzo y julio de 1994, los sistemas de mando, control y comunicación, así como los datos, medios y procedimientos operativos de vigilancia de las fronteras, entran dentro de las materias que tienen la clasificación de secreto con carácter genérico”.
Traducido a las inquietudes de los populares, no se dan datos sobre número de guardias civiles desplegados en el vallado, tampoco sobre los refuerzos extraordinarios que se han enviado a Ceuta en 2024 y 2025 y durante cuánto tiempo han permanecido destinados.
Mucho menos sobre por qué los sensores del vallado se activan con retraso o si el sistema actual de detección cumple con los objetivos para lo que fue contratado.
Son datos que repercuten directamente en la arquitectura de seguridad de la propia valla y que, de acuerdo con lo indicado por el Gobierno de España, no pueden trascender al ser algo que afecta directamente al modo de control ejercido en frontera por un país.
Sí que aportan datos sobre la agresión sufrida el pasado 13 de diciembre por un agente de la Guardia Civil que fue atacado por un subsahariano que hizo empleo de un garfio.
Además de confirmar esos hechos y la posterior condena de los mismos, el Gobierno responde a la pregunta sobre si pueden calificarse como un intento de homicidio contra un agente, algo que fue denominado así por asociaciones de la Guardia Civil como AUGC.
La condena no fue ni por asomo por ese delito, ya que ni siquiera cumplía con las características para ser calificado de esa manera.
Dice el Gobierno que, “teniendo en cuenta que estos hechos no son recurrentes o habituales”, las medidas específicas adicionales “se han orientado a reforzar las charlas preventivas y de conciencia en materia de seguridad ciudadana y autoprotección, así como a realizar un seguimiento sobre estas actuaciones para, llegado el caso, valorar la modificación o adecuación de los procedimientos de actuación”.
En relación con el funcionamiento del sistema de esclusas en el vallado de Ceuta, el Gobierno informa que se implantó con fecha 19 de mayo de 2023 “como una mejora dentro de los numerosos elementos que interactúan en el perímetro fronterizo, pero, en ningún caso, supone un aumento del riesgo para los agentes”.
El sistema está estructurado en tres tramos, encontrándose operativas 13.
“Las esclusas”, clara el Gobierno, “pueden ser operadas por los agentes in situ o por los operadores del Centro Operativo de Servicios (COS) en remoto. Cabe destacar que, hasta el momento, no se han detectado fallos de coordinación”, sentencia el Gobierno de España.
Los populares preguntaban si el actual sistema de detección cumple con los objetivos y si se ha abierto una auditoría técnica o expediente por el mal funcionamiento de esos sistemas. A todo ello no responde de manera específica al concretar la inexistencia de fallos.
Tampoco se ha respondido a si se considera por parte del Ministerio que la actual situación de la valla garantiza la seguridad de los agentes.
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