La consejera de Hacienda, Transición
Económica y Transformación Digital del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, va a volver a llevar a
Pleno una propuesta para completar la rebaja de los tipos del IPSI que gravan la ropa y el calzado, medida que ya fue aprobada inicialmente por la Asamblea hace tres años para intentar evitar la fuga de
empresas del sector, pero que en plena pandemia nunca llegó a terminar su tramitación para implementarse. El Ejecutivo local explicó entonces que el coste de la medida en términos de compensación de la
recaudación para el Estado rondaría los 1,5 millones de euros, pero que había sido bendecida por el ministerio competente. Esta es una de las medidas en la que también está trabajando el consejero de Comercio, Nicola Cecchi, para aliviar la situación del sector en la ciudad a la vista de la paralización sin horizonte de la apertura de la anunciada aduana comercial y de las restricciones que mantiene Marruecos a la entrada de cualquier producto adquirido en la ciudad. Para compensar esa caída de la demanda se prevén articular nuevas medidas de atracción de turismo de compras peninsular y fidelización de la demanda interna. El Gobierno de Melilla redujo hace cinco años al 5% los tipos de gravamen del IPSI para la confección y el calzado, que anteriormente estaban en el 10% y el 7%, respectivamente, como siguen en Ceuta. Para reclamar esa bajada no solo se apela a la diferencia existente con la ciudad hermana. La patronal la
reivindicó en 2020 por la profunda crisis económica derivada de la pandemia provocada por la COVID-19”, agravada en el caso de Ceuta “por la obligada estanqueidad del consumo, circunscrito a la demanda interna por el cierre de la frontera con el vecino Reino de Marruecos”. Además, Servicios Tributarios mostró su confianza en que, en aquel contexto, la revisión propuesta liberaría unos recursos considerables en el sector comercial de la ciudad compatibles con el mantenimiento del nivel de empleo”.
Condicionantes y compromisos
Los agentes sociales insistieron al Ejecutivo local a principios de año, con la inflación disparada por la invasión de Ucrania, en la conveniencia y necesidad de rebajar el IPSI de ropa y calzado, así como el de los productos de primera necesidad al 0,5%, el máximo legal posible a pesar de que el Gobierno de Sánchez había suprimido para algunos el IVA. El Ejecutivo local se ha comprometido, además, con la patronal y los sindicatos a elevar al Pleno de la Asamblea una propuesta para “reducir en un 50% los tipos de gravamen del IPSI a la importación en relación con las actividades comerciales más afectadas por la caída del turismo de compras procedente de Marruecos, sin que, en ningún caso, el tipo resultante tras la reducción pueda ser inferior al 0,5%”. El “aplazamiento ‘sine die’ de la apertura de la aduana comercial” y “la constatación de que la caída del turismo de compras procedente de Marruecos no parece ser algo coyuntural” han acelerado la recuperación de medidas económicas y fiscales aparcadas o reformuladas de forma más ambiciosa que como se habían planteado originalmente.