EFE
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que “es de esperar que el salario mínimo interprofesional (SMI) siga creciendo de manera robusta” durante los próximos años, una medida que también beneficiará a los trabajadores de Ceuta.
Según explicó, esta previsión responde al buen momento económico que atraviesa España y al aumento del salario medio, factores que sustentan un crecimiento sostenido de las rentas más bajas.
Cuerpo hizo estas declaraciones durante la presentación del informe económico sobre España 2025 de la OCDE, en un contexto en el que los principales sindicatos del país han solicitado una subida del 7,5 % para 2026, lo que situaría el SMI en 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas.
El ministro insistió en que el Gobierno esperará las recomendaciones del grupo de expertos antes de concretar la cifra final del incremento, aunque defendió la necesidad de continuar reforzando el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos.
Carlos Cuerpo destacó que, en los últimos años, España ha convergido con los niveles europeos de salario mínimo “de forma muy rápida” y sin un impacto negativo significativo en la creación de empleo. “Había muchas dudas, pero el efecto en el mercado laboral ha sido mínimo”, subrayó.
El titular de Economía recordó que esta mejora del SMI ha coincidido con uno de los mejores momentos para el empleo en la historia reciente del país, con cifras de afiliación y ocupación que muestran la fortaleza del mercado laboral español.
Las declaraciones del ministro llegan apenas un día después de que CCOO y UGT plantearan su propuesta de incremento del 7,5% del SMI para 2026, además de solicitar que la cuantía comience a estar sujeta al IRPF como el resto de salarios.
La OCDE, en su último informe, avala la evolución positiva de la economía española, aunque advierte de la necesidad de seguir adoptando medidas que mantengan el equilibrio entre competitividad y bienestar social.
El Ejecutivo mantiene así su compromiso con un crecimiento del salario mínimo que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la estabilidad del empleo ni el dinamismo económico.
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