EFE
El Gobierno de España ha solicitado a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores cometidos en las principales redes sociales, una medida que también afecta a territorios como Ceuta.
La decisión, adoptada este martes en Consejo de Ministros, se apoya en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y busca frenar el auge de la violencia sexual digital que afecta especialmente a niños y adolescentes.
La iniciativa, promovida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se apoya en un informe técnico elaborado junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Juventud e Infancia, que ya había alertado del riesgo que suponen estas prácticas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó la gravedad de la situación: “No podemos permitir que a través del algoritmo se puedan amplificar o amparar estos delitos. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad”.
El informe remitido a la Fiscalía analiza las posibles responsabilidades penales derivadas de la generación y difusión de contenidos sexuales mediante ultrafalsificaciones (deepfakes) o la manipulación de imágenes reales para crear material pornográfico falso.
Según el documento, estas prácticas “menoscaban la dignidad de las víctimas” y se ven amplificadas por la capacidad de las redes sociales de difundir el contenido de manera masiva, rápida y opaca.
El texto alerta de que “esta velocidad y falta de transparencia dificultan enormemente la detección y persecución, al tiempo que favorecen la creación de redes que producen, comparten y monetizan estos contenidos”.
El Ministerio de la Presidencia ha destacado que esta solicitud se formula “en defensa del interés público, la seguridad y dignidad de la infancia española en su conjunto”. El Ejecutivo pide además a la Fiscalía que, tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice e investigue estos hechos, ejerza las acciones penales necesarias y establezca criterios de actuación que faciliten a las víctimas y sus tutores ejercer sus derechos.
El Ejecutivo advierte de que la convergencia entre inteligencia artificial generativa y redes sociales ha creado un entorno de riesgo sin precedentes para la infancia. Según datos de la Comisión Europea, el 98% de los deepfakes detectados son de carácter pornográfico.
En España, las cifras son alarmantes: una de cada cinco personas jóvenes afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos creados con IA siendo menores, y un tercio asegura haber padecido acoso sexual digital durante su infancia, según datos de Save the Children.
Ante este panorama, el Gobierno considera que la situación “afecta también a la seguridad y dignidad de la infancia española en su conjunto” y que “la evidente impunidad con la que se actúa en el ámbito de internet y de las redes sociales obliga a que las instituciones públicas recurran a todos los mecanismos existentes para luchar contra este fenómeno”, tal como recoge el acuerdo del Consejo de Ministros.
La medida sitúa a España en línea con otros países e instituciones que ya han emprendido acciones similares. En Francia, la fiscalía investiga a la red social X (antes Twitter) por la generación de deepfakes sexuales; en Italia, la autoridad de protección de datos ha advertido de posibles responsabilidades penales; y la Comisión Europea mantiene abiertas investigaciones a Meta, TikTok y la inteligencia artificial Grok por difusión de contenidos ilícitos bajo la Digital Service Act (DSA).
Fuera de la Unión Europea, Reino Unido, Brasil, Canadá, Malasia, Indonesia, Kenia y varios estados de EE.UU. también han iniciado procesos judiciales o regulatorios por hechos similares.
Esta actuación constituye la primera medida del paquete de regulación de redes sociales anunciado por el presidente Pedro Sánchez durante la Cumbre de Gobiernos celebrada en Dubái a principios de febrero.
Con ella, el Ejecutivo comienza a materializar su compromiso de “poner orden” en un espacio digital donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, según declaró el propio Sánchez durante el encuentro.
El Gobierno considera que el auge de los contenidos sexuales falsos y el acoso digital requiere una respuesta institucional contundente, en la que participen tanto las autoridades judiciales como las tecnológicas. Con la solicitud a la Fiscalía, España busca liderar en Europa la protección legal de los menores frente a la violencia sexual digital, situando a la infancia en el centro de la política de seguridad en internet.
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