El Estado avalará microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis años para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus y paralizará durante seis meses todos los procesos de desahucio por impago de rentas, incluidos los iniciados antes de la pandemia.
La propuesta que llevará este martes el Ministerio de Transportes al Consejo de Ministros supone movilizar 700 millones de euros e incluye la prórroga automática durante seis meses de los contratos de alquiler que vayan a vencer y una moratoria de cuatro meses en el pago de la renta, si los propietarios de los pisos son "grandes tenedores", es decir, fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos.
En estos casos, la deuda acumulada se prorrateará para que los inquilinos la puedan pagar en un periodo máximo de diez años, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
El borrador de decreto que debatirá el Consejo de Ministros establece que son inquilinos "vulnerables" los que tienen que destinar más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler y distingue entre vulnerables "coyunturales" y "estructurales".
Los primeros serían el grueso de familias, trabajadores, autonómos y pequeños comerciantes que han visto reducidos sus ingresos por la decretada paralización de la actividad económica, pero que se recuperarán cuando finalice el estado de alarma.
Para estos afectados, el texto prevé microcréditos avalados por el Estado, a través de una línea del ICO (Instituto de Crédito Oficial), cuyos intereses sufragará el Mitma con cargo al Plan Estatal de Vivienda.
En cuanto a los colectivos vulnerables estructurales, los pagos de sus rentas los cubrirá el ministerio con cargo a los fondos previstos en los planes estatales.
Aunque no hay datos oficiales, el Mitma calcula que entre el 85 % y el 90 % del mercado residencial de alquiler está en manos de pequeños propietarios, en su mayoría familias que necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades.
Las consultoras inmobiliarias elevan esa cifra al 95 % o 96 %, mientras que los sindicatos de inquilinos la cuestionan y esgrimen estudios que reflejan que solo el 16 % de los que ponen su casa en alquiler lo hacen por una "necesidad económica urgente".
La propuesta del Ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos busca el apoyo de la vicepresidencia social que encabeza el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con medidas como la paralización de los desahucios.
Sin embargo, Unidas Podemos ha abogado en los últimos días por suspender el pago del alquiler a todos los afectados por el coronavirus, en la línea de lo que reclaman los sindicatos de inquilinos, que han convocado a una huelga de alquileres a las familias, autónomos y pequeños comerciantes afectados.
Según sus datos, más de 8.000 personas han avisado, desde el pasado 19 de marzo, de que no podrán hacer frente al pago del alquiler en abril por haber visto reducidos sus ingresos o haber perdido su empleo.
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