La cubierta de la discordia: filtraciones en los juzgados y despilfarro

CCOO lleva años hablando de las filtraciones de la cubierta del Palacio de Justicia. Tantos que, en 2010, ya alertaban de las chapuzas que se habían hecho y, posteriormente, han trasladado a través de El Faro de Ceuta todas las incidencias que se han producido.

El tiempo no cambia en cuanto a la desidia que debe soportar esta infraestructura judicial sobre la que se hicieron muchas promesas, pero que no ha recibido más que parcheos para mantenerla en pie.

La nueva “vergüenza” que se suma al rosario de despropósitos que sufren estas instalaciones es lo ocurrido en la quinta planta del Palacio de Justicia.

Las antiguas viviendas de jueces las transformaron en oficinas judiciales para trasladar allí órganos como el Servicio de Ejecuciones Civiles/Contencioso-Administrativo y Social.

Ese era al menos el objetivo. Después de más de un año de obras, se finalizó la actuación y se adecentó con mobiliario toda esta nueva área. Pues bien, tal y como denuncia CCOO-Justicia, ahora no pueden ni siquiera darle uso, tampoco inaugurarse ni mudarse por las filtraciones a través de la cubierta.

Dinero tirado a la basura y vuelta a empezar

Es el mundo al revés. Tras una inversión económica y tiempo de perjuicio para los trabajadores que han tenido que combinar su vida laboral con el acompañamiento de una obra, ahora se tiene que sacar a licitación otra intervención en la cubierta y cambiar todas las ventanas porque sigue entrando agua.

Las oficinas recién reformadas no solo no pueden ser ocupadas, sino que además han sufrido daños. Se tendrá que licitar la intervención en la cubierta, iniciar nueva obra y esperar. Y eso que, al menos, esa misma infraestructura se ha arreglado en tres ocasiones.

Ya se han detectado puertas hinchadas por la lluvia, el suelo levantado, paredes y mobiliario dañados…

Lo que publicaba el BOE en 2002

Los problemas en la cubierta del edificio son antiguos, allá por el año 2002, concretamente en el BOE de fecha 3 de julio, se publicaba la adjudicación a la empresa Alcuba por la cantidad de 559.958,95 euros (sobre unos 93 millones de las antiguas pesetas) para unas obras de reforma y reparación de estos juzgados.

Ya por aquel entonces, CCOO-Justicia denunciaba los problemas de los órganos judiciales por inundaciones, “pero lejos de acometer unas obras de acondicionamiento contundentes en esta cubierta con carácter previo a la época de lluvias, hemos podido comprobar como ésta se encuentra prácticamente levantada en su totalidad”.

Pareciera que aquellas críticas del sindicato se hubieran hecho permanentes a lo largo del tiempo.

Lo más irrisorio de todo esto, es que por desgracia cada año nos vemos en la obligación de poner en conocimiento de la opinión pública unos hechos que se repiten en el tiempo, cuando lo que en realidad tenían que haberle dado una solución rápida y eficaz”, explicaban.

Eran adivinos porque ahora, años después, vuelven a trasladar el mismo problema.

Las consecuencias para los trabajadores

Los trabajadores son los principales afectados por el mal proceder de la administración, ya que siguen en la actualidad en unas dependencias “que no reúnen las mínimas condiciones, hacinados, con falta de espacio…”, critica CCOO-Justicia.

Ese es el principal perjuicio, pero no hay que dejar de lado el gasto que se ha efectuado y que termina en la basura por una clara falta de previsión.

Antes de haberse acometido la obra en esa parte superior, se tendría que haber asegurado que la cubierta estaba en condiciones. No fue así y los daños causados en oficinas aún sin estrenar son abundantes.

¿Fechas, plazos? Quedan en el aire, sin saberse cuándo podrá ejecutarse un traslado necesario para mejorar las condiciones laborales de los adscritos al área judicial.