Señala que llevan cuatro años para que haya un protocolo que permita a los agentes saber lo que tienen que hacer y que cuenten con seguridad jurídica, pero el Gobierno no ha hecho nada
Antonio Trevín no solamente es el diputado de referencia del PSOE de nuestra ciudad en el Congreso, sino que también es desde hace más de un lustro el portavoz de los socialistas para temas de Interior. Durante estos días ha presentado una serie de preguntas al Gobierno tanto en temas relacionados con la inseguridad ciudadana como con la situación en la frontera y la valla fronteriza.
-En estos días ha realizado una serie de preguntas al Gobierno donde menciona que se han publicitado falsas bajadas de la delincuencia… -Nosotros decimos que las estadísticas que mensualmente publica el Ministerio del Interior hay que entenderlas en la situación de este año en relación con el anterior. En el año 2015 aparecen las faltas y los delitos que se cometieron durante un período determinado de tiempo, pero para 2016 la situación ha variado, porque hay faltas que han pasado a convertirse en delitos y otras que han desaparecido del Código Penal. Por tanto, en la comparativa de los dos años, es cierto que a efectos estadísticos se produce una bajada, pero no de delincuencia real.
Tanto en el caso de los robos en vehículos como en robos en viviendas, en el caso de Ceuta estamos preocupados, porque la cosa no pinta bien. Hay una bajada estadística porque parte de lo que se computaba como falta ahora no computa y por tanto es lógico que descienda el número de infracciones porque han desaparecido del Código Penal y, luego, porque algunos de los delitos que más preocupan a los ciudadanos como son los homicidios y los robos en vehículos y viviendas no solamente se han incrementado en Ceuta, sino en todo el territorio nacional. Estos son los delitos que más producen alarma ciudadana.
-Entonces cuándo por parte de las autoridades se habla de esa bajada, ellos saben que no es una realidad como usted está demostrando. ¿Se está engañando a la ciudadanía? -Las estadísticas tienen siempre diferentes interpretaciones. Lo que yo estoy poniendo encima de la mesa es un hecho incuestionable, como que ha variado el número de delitos y faltas del año pasado a éste en función de la reforma que se ha producido en el Código Penal.
-En una nota de prensa se habla de que tiene constancia de que a las porteadoras las amenazan para que no denuncien porque de lo contrario les pondrán un sello para que no vuelvan a entrar en Ceuta… -No acusé ni al Gobierno ni a los diferentes departamentos ministeriales sobre que eso esté ocurriendo. Me limité a recoger una denuncia por parte de un colectivo ciudadano importante que había puesto encima de la mesa este hecho. Como estamos en un sistema democrático le hago la pregunta correspondiente al Gobierno y le pido que me conteste sobre si está pasando o no.
-Entonces, lo mismo sucede con esa posibilidad de que el jefe superior entre en la sala de espera de la oficina de denuncias e inste a los ciudadanos para que no presenten denuncias… -Usted pertenece a un medio de comunicación y sabe que hay colectivos ciudadanos que manifiestan este hecho. La transparencia es esencial en un sistema democrático. Las trasladamos al Ministerio y que sea el departamento ministerial el que establezca si estas denuncias tienen una base cierta o no la tienen. Estamos en un ejercicio plenamente democrático de los parlamentarios y tenemos la obligación de realizar nuestra labor de control al Gobierno y en eso, el Partido Socialista lo hace. Lo que hacemos es recoger denuncias ciudadanas o quejas de sindicatos policiales que establecen la bajada de efectivos en esa ciudad.
-Hablando de la bajada de efectivos. Usted ha sido durante siete años delegado del Gobierno en Asturias y desde 2011 es el portavoz de su partido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. ¿Cómo se puede solucionar un problema de catálogo de puestos de trabajo porque no puede ser el mismo catálogo para Ceuta que para Cuenca o Zamora? Lo único que se dice es que en toda España hay un nivel bajo de efectivos. -Quien no puede decir eso es el Gobierno. Una de las primeras obligaciones de un Gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Quien debería poner los medios, pero no solamente en estos momentos, sino desde hace cuatro años es el Gobierno y más concretamente, el Ministerio del Interior. Desde hace cinco años se viene reduciendo de una manera escandalosa el número de policías nacionales y guardias civiles en toda España. Estamos hablando de uno 20.000 agentes menos. Por tanto, en los catálogos, en todas partes, hay menos agentes y más necesidades. Además, en ciudades como Ceuta y Melilla, la presión fronteriza se ha incrementado y no solamente no se ha enviado a un mayor número de agentes, sino que tienen menos. Por tanto, el Gobierno tiene que dar respuesta. Esperamos que haya una respuesta por parte del Ministerio del Interior en ese sentido.
-El otro día, cuando se produjo la última entrada de inmigrantes, en el perímetro de Ceuta nada más que había 6 guardias civiles vigilando el vallado... -El trabajo de los policías nacionales y guardias civiles en las fronteras de Ceuta y Melilla es de lo más sensible, delicado, complejo y difícil de las funciones policiales en España. Es admirable la labor de todo hombre y mujer que se enfrenta a situaciones como la que usted ha descrito antes. No puede el Gobierno seguir dejándolos a su suerte. No podemos tener unos números tan bajos de agentes en las fronteras para resolver una de las prioridades de un país como es tener fronteras seguras. Agentes que cuenten con un protocolo para que sepan lo que tienen que hacer en cada momento y que cuenten con seguridad jurídica. Son peticiones que venimos demandando al Gobierno desde hace cuatro años, pero aún estamos pendientes de respuesta. Ha tomado posesión un nuevo equipo ministerial y confía en que tomen decisiones que supongan un giro de 180 grados.
-¿Es peligroso que una ciudad esté tan diferenciada entre la Ceuta real y la Ceuta oficial? -Si no es peligroso, lo cierto es que no resulta recomendable. Cuando uno debe enfrentarse a un problema, no le queda más remedio que diagnosticarlo y reconocerlo. Mientras no se diagnostique bien será imposible que se afronte una solución duradera y una solución estable. No es deseable mantener falsas ficciones sobre cómo se encuentra la seguridad en Ceuta y como está en la frontera y desde mi punto de vista es una mala estrategia del Gobierno. Confío en que con la entrada del nuevo equipo ministerial cambie la situación radicalmente.
-La UFP ha pedido que se abra una investigación sobre las acusaciones vertidas por usted en materia de estadística (puede usted leer la información en la página 10). ¿qué tiene que decir al respecto? -Este es un país democrático y cada uno puede plantear lo que crea oportuno. Siempre conviene tener una base de un cierto rigor en lo que se plantea. Como usted y yo acabamos de hablar del tema está claro que no tiene nada que ver lo que he denunciado con lo que se dice en esa nota. Con la UFP, al igual que con otros sindicatos policiales, he tenido reuniones durante la pasada legislatura y confío en seguir manteniéndolas en la actual. Pero insisto en que a todo el mundo hay pedirle rigor. Lo que he dicho es que las estadísticas que se tienen hay que interpretarlas adecuadamente. De lo que he dicho a lo que dice la UFP se parece tanto como una patata a una pelota.
Durante dos años fue presidente del Principado
Antonio Trevín es asturiano por los cuatro costados. Alcalde de Llanes al comienzo de su vida política, luego su propio partido le propone para ocupar el cargo de presidente del Principado de Asturias durante un par de años. A continuación ocupó el puesto de jefe de la oposición durante una legislatura entera y volvió a presentarse para alcalde de Llanes y lo consiguió. La llegada de Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno le sirvió para ser durante esos siete años delegado del Gobierno de España en el Principado de Asturias. En 2011 encabezó la lista al Congreso por Asturias y desde entonces es el portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.