El Gobierno no aclara cuántos funcionarios se incorporarán a la plantilla de la cárcel

La situación del Centro Penitenciario de Mendizábal y la próxima apertura de dos módulos en la prisión ha llevado a la diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, a preguntar al Gobierno central sobre las políticas dirigidas a mejorar la situación de los funcionarios de prisiones y de los reclusos. Estas han sido algunas de las demandas de la parlamentaria ceutí tras el informe del Consejo de Europa sobre la población reclusa en territorio europeo.

En sus últimas interpelaciones, López ha planteado cómo España es uno de los países con una de las "mayores ratios de fugas y suicidios en las cárceles". La parlamentaria ceutí buscaba saber "qué medidas se han adoptado o están previstas para reducir el número de fugas y suicidios de reclusos".

En esta misma línea, ha pedido los datos del número de reclusos fugados durante la presente legislatura y de qué centros procedían. Al respecto, desde Moncloa han informado de que el total de fugas desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2022 asciende a 28, aunque puntualizan que "en todos ellos se consumó la evasión de un único interno, con la excepción de la evasión que tuvo lugar en el año 2020, en el centro penitenciario de Madrid III, en la que se evadieron 2 internos".

Con respecto a las políticas y medidas para reducir el número de fugas, el Gobierno ha anunciado que se realiza un "exhaustivo análisis y evaluación de todas y cada una de las vicisitudes e incidencias que acontecen en los centros penitenciarios y Centros de Inserción Social, trasladando las indicaciones, correcciones o adopción de medidas que estiman procedentes en materia de seguridad". "Sin embargo, no concreta qué tipo de medidas se llevarán a cabo", critica López.

Mientras, en relación con los suicidios producidos, el Ejecutivo ha indicado que hasta el 30 de diciembre de 2020, se han producido 55, pero que las cifras de los años 2021 y 2022 están pendientes de su análisis y consolidación, por lo que no se encuentran disponibles.

López también preguntaba "qué se va a hacer para alcanzar la media europea de porcentaje de reclusos que no cumplen íntegramente en prisión la sentencia condenatoria", ya que según el informe del Consejo Europeo el porcentaje en España es "muy bajo e inferior en más de un 25 por ciento" respecto a la media europea.

"Sin embargo, desde el Ejecutivo alegan que las condenas, tal y como establece la Ley Orgánica General Penitenciaria, se cumplen bajo el denominado sistema de individualización científica del tratamiento, separado en grados, el último de los cuales será la libertad condicional. En todas ellas, incluida la libertad condicional, se sigue cumpliendo condena hasta la liberación definitiva", ha explicado la diputada.

En relación al personal de prisiones, López también registraba una serie de preguntas para conocer cuántos ayudantes de Instituciones Penitenciarias realizan su labor en puestos de V1 o V2 de vigilancia interior, en oficinas, en el área mixta, o cuántos están en situación de segunda actividad. A lo que el Gobierno ha informado que hay un total de 11.799 efectivos en puestos de V1 de vigilancia interior, 2.656 en V2, 2.728 en oficinas, 1.057 en el área mixta, y 1.042 en segunda actividad.

"Aunque el Gobierno, en sus respuestas, siempre intente dar la mejor versión de los datos y justifique cualquiera de ellos en base a un argumentario que no convence, lo evidente es que las prisiones españolas no cuentan con la ratio adecuada de funcionario por interno", alerta López. Además, la diputada nacional ha lamentado que se siga a la espera de saber realmente cuál es el número de funcionarios de prisiones con el que se va a incrementar la plantilla del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal.

La parlamentaria ceutí registró una solicitud de informe en mayo, después de que hayan pasado varios meses de la visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias en la que anunció la apertura de dos módulos en la prisión de Ceuta. Y que se haría con un incremento de, al menos, medio centenar de funcionarios. Sin embargo, critica López, varios meses después no hay noticias sobre este asunto y  el Gobierno aún no ha dado respuesta a su solicitud de informe.