El
Gobierno de la Ciudad volvió a negar ayer que haya “despedido” a
trabajadores sociales, reproche que se le adjudica de forma recurrente desde finales de marzo, cuando prescindió de nueve de las personas contratadas en septiembre del año pasado en el marco del
refuerzo de personal acometido para intentar tramitar de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería la repatriación de los menores migrantes solos llegados a Ceuta en la crisis de mayo. Igualmente rechazó ayer que el hecho de que haya renovado a cuatro profesionales con ese perfil en
Menores y Servicios Sociales responda a ningún “trato de favor”, como recelan algunas de quienes no continúan en sus puestos.
La Ciudad incorporó en septiembre del año pasado a 12 trabajadoras sociales para Menores y a cinco para Servicios Sociales. A principios de marzo prescindió de tres de las primeras que al poco tiempo rescató y reubicó tras las primeras denuncias públicas de
CGT, una en el mismo área y otras dos en la de Dunia Mohamed.
El 31 de marzo las nueve que no habían dejado de trabajar en Menores se quedaron en la calle, según la Ciudad por un doble motivo: su labor había dejado de ser necesaria al haberse completado los informes de niños foráneos no acompañados que había requerido la Delegación, más de medio millar, y porque la reforma laboral impedía seguir recurriendo a la contratación temporal. La administración también ha prescindido de cuatro de las trabajadoras adscritas de inicio a Servicios Sociales.
Siguen trabajando cuatro, las tres que se quedaron breve tiempo sin contrato, y una de las incorporadas desde el principio al departamento de Servicios Sociales, a pesar de que según sus colegas no son las que estaban mejor colocadas en la bolsa de empleo de 2014 desde la que se las contrató en septiembre y de que en sus bases se establecía que las incorporadas podrían y deberían sumar un año en nómina, no necesariamente encadenado.
“La Ciudad aplica la ley a unas y a otras no: para algunas la reforma laboral impide la contratación, aunque sea por circunstancias de la producción y no por obra y servicio, y para otras no”, lamentaron ayer algunas de las que se sienten perjudicadas y han judicializado el asunto, que llegará a juicio en noviembre.
El Gobierno de Ceuta defendió ayer que “los contratos que sí continúan activos son los que responden a las necesidades de la administración y se firmaron justo antes de la entrada en vigor de la reforma, con lo que tienen una moratoria de hasta seis meses”. La Oferta de Empleo Público de 2022 incluye 5 plazas de trabajadores sociales. Una vez convocadas se podrán cubrir con personal temporal hasta que sean ocupadas por el correspondiente proceso selectivo.