El Gobierno niega ‘ayudas’ para algunas familias de las 317 VPO

• Presentado un informe en la Comisión Local de la Vivienda

• Adjudicatarios que no estaban en el Registro de Demandantes por ser de ‘cupos singulares’

El Gobierno negó ayer en una reunión de la Comisión Local de la Vivienda que hubiera existido un trato de favor por parte de la antigua gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, hacia más de 30 familias en la promoción de las 317 VPO. Una reunión que fue presidida por el consejero de Fomento, Néstor García, con la asistencia únicamente de representantes del Partido Popular, Caballas y Ciudadanos, además del gerente de la sociedad, Juan Manuel Doncel.

Esta polémica nació a finales de febrero, cuando uno de los detenidos por el ‘caso Emvicesa’ y que se encuentra investigado, actualmente de baja en la sociedad municipal, redactó un escrito que no tuvo entrada por registro hasta finales del mes de marzo, donde denunciaba que la gerente, Kissy Chandiramani, le había transmitido órdenes verbales para que a una serie de familias a las que se les había otorgado una vivienda en la promoción de Loma Colmenar no se les exigiera estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda. Recordemos que estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda es el primero de los requisitos que se exige para tener acceso a una vivienda de propiedad pública.

A partir de ese momento, se produjo una polémica con una serie de declaraciones cruzadas entre MDyC y la anterior gerente, Kissy Chandiramani, donde se establecía de manera taxativa lo que defendía cada una de las partes. En un comunicado hecho público, el partido liderado por Fatima Hamed, explicó que el Gobierno tenía guardados en un cajón los expedientes de más de 30 familias y que habían conocido este hecho a través de la denuncia de un empleado de la sociedad. La respuesta de Kissy Chandiramani fue en el sentido de que esos grupos familiares no necesitaban estar inscritos en el mencionado registro.

De todas maneras, al nuevo gerente, Juan Manuel Doncel, se le encargó la redacción de un informe que debía ser presentado al Consejo de Administración en cuanto estuviera terminado para dar las oportunas explicaciones a los partidos de la oposición.

El contenido del informe establecía que es cierto que el requisito número uno para tener acceso a una VPO era estar en el Registro de Demandantes, pero que existen una serie de cupos donde esos extremos no se tenían en cuenta y que contaban con el respaldo de los preceptivos informes jurídicos.

Cuando se habla de ‘cupos singulares’ en la promoción de las 317 VPO de Loma Colmenar, absolutamente diferenciado del general, se analizan los adjudicatarios que pertenecían a grupos como los relacionados con la violencia de género, el programa de alquiler de viviendas que tiene la Ciudad adosado a la Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, los discapacitados e incluso las denominadas actuaciones urbanísticas.

Fuentes del Gobierno ceutí señala que si por parte de la Ciudad se decidió, como fue en este caso, que las familias que tenían casas en Escuelas Prácticas, justo al lado del campus universitario, cuyas viviendas se iba a derribar que las mismas pasaran a Loma Colmenar estaba claro que estas personas no habían acudido a Emvicesa para inscribirse en el Registro de Demandantes, porque no lo necesitaban y que han ido allí por una decisión de interés general.

De todas maneras, el contenido del mencionado informe que se dio a conocer en la Comisión Local de la Vivienda ha sido remitido tanto a la juez del ‘caso Emvicesa’ como a la Policía Nacional.

Críticas a la ausencia del partido liderado por Fatima Hamed

Fuentes del Ejecutivo local han señalado a ‘El Faro’ que les ha extrañado en demasía que no hayan acudido ni PSOE, ni el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, pero, de manera principal, algún representante del partido liderado por Fatima Hamed, puesto que habían sido ellos los que habían denunciado el tema a los medios de comunicación y luego no aceptaron las explicaciones dadas por Kissy Chandiramani. También este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con Juan Luis Aróstegui, representante de Caballas en el Consejo de Administración, quien indicó que por parte del Gobierno se habían dado las oportunas explicaciones y que se habían aceptado las mismas.

Chandiramani defendió su gestión

La exgerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, salió al paso, en su momento, de las acusaciones vertidas por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía sobre el incumplimiento de las bases en el proceso de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar. La responsable de la empresa municipal de la vivienda, durante el proceso de adjudicación (2015-2016), ha defendido la legalidad de todos y cada uno de los pasos y ha matizado que las 30 adjudicaciones que según los localistas no cumplían las base primera de la adjudicación "pertenecen al cupo de actuaciones singulares", ha explicado la exgerente de Emvicesa, cargo que dejó para incorporarse, en febrero de 2017, al equipo de Vivas como consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo.

Según la denuncia de MDyC, el incumplimiento de las bases había sido puesto en conocimiento de la actual gerencia de Emvicesa, a cargo de Juan Manuel Doncel, por parte de los propios trabajadores. A este respecto, Chandiramani ha puntualizado que: "Ha sido un trabajador, que ahora mismo está de baja, el que ha informado sobre el incumplimiento de las bases". Una información que Chandiramani niega con rotundidad y reta a quien tenga dudas sobre el proceso a que las despeje "en los juzgados".

Las bases incumplidas, según MDyC, son relativas al tiempo de antigüedad como demandante de vivienda que debían tener los adjudicatarios, 3 años según las bases. Los localistas señalan que entre los 30 adjudicatarios muchos acababan de entrar en el registro de demandantes de vivienda en el año 2016.