Cataluña: El Gobierno propone el cese de Puigdemont y de todo su Govern

• Rajoy anuncia la aplicación del artículo 155

El Gobierno propondrá al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut.

Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.

Según ha explicado, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.

Con la Constitución en la mano

El Gobierno asegura que las medidas para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son "garantistas" y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.

Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.

Un cometido "irrenunciable" desde la constatación de que las autoridades autonómicas "han ignorado" la legalidad vigente, al contravenir "abiertamente" sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.

"Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", aduce el Gobierno.

Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven.

Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. "Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía", añade.

Asegurar la neutralidad institucional

Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es "asegurar la neutralidad institucional" para que el principio rector de las instituciones sea el interés general.

Considera en este sentido que la Generalitat "ha obviado" el interés general de los catalanes "en favor del ideario independentista de una parte de ellos".

Y añade que "estos anhelos" soberanistas "no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes", ni pueden "traducirse en un discurso único de imposición de la independencia" como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido.

Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar "siempre y en todo caso", en "favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte".