El Gobierno central estudia crear centros de primera acogida para
menores extranjeros no acompañados y un sistema de distribución de estos niños entre comunidades autónomas para mejorar su atención tanto a su llegada como en el proceso de integración en España. Es una noticia relevante para Ceuta, cuya presión en cuanto a número de MENA ha llegado a su pico máximo con casi 500 menores acogidos en ‘La Esperanza’ y en torno a cien más en las calles. La propia Ciudad ha confesado que la situación es insostenible y ha pedido con urgencia apoyo del Estado. La acumulación de menores en Ceuta hace inviable que se disponga de recursos suficientes como para atenderlos de manera adecuada a una presión que puede ir a más. Hasta ahora, los menores extranjeros que llegan a España sin un adulto de referencia son atendidos por las comunidades autónomas en las que se encuentran, que tiene la competencia de su tutela, lo que está provocando grandes desequilibrios entre regiones. Andalucía es la principal puerta de entrada (tutela más de 2.100 niños), pero los jóvenes se mueven entre comunidades, y Cataluña es una de las regiones en la que más ha aumentado el número niños extranjeros que están solos, donde viven unos cuatro mil. Las cifras van cambiando según van cumpliendo los 18 años, que dejan de estar tutelados, llegan otros nuevos o se mueven entre comunidades e incluso fuera de España. Según explican fuentes del Ministerio de
Sanidad, el Ejecutivo intenta consensuar un documento para establecer un nuevo modelo de acogida de esos menores dentro del Observatorio de Infancia, integrado por Sanidad, representantes de comunidades autónomas, ONG y representantes de Trabajo y
Migraciones. El Observatorio de la Infancia lleva trabajando nueve meses en torno a una propuesta, que debe ser aprobada por el Pleno y de ahí se remitirá al próximo Gobierno, que deberá abordar la concreción de cada uno de esos elementos. La propuesta incluye establecer un sistema de reparto, un mecanismo de cuotas de menores extranjeros para cada comunidad autónoma y crear en las provincias de llegada centros de coordinación de primera acogida. Esas fuentes de Sanidad han explicado que el objetivo es la protección de los chicos desde el primer momento y con la responsabilidad compartida entre la administración central y las autonómicas. Por ello, la propuesta en la que se trabaja aboga por una estrategia integral que adecue las leyes a la realidad de estos niños en torno a un Estatuto del Menor Migrante y establecer un método común para determinar la minoría de edad.