El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de más de 375 millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas para el desarrollo de programas de interés social, de los que Ceuta recibirá 3.005.969 euros. Esta financiación procede de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, destinada al llamado "fondo social".
La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer los servicios sociales a través de la colaboración con entidades del Tercer Sector que trabajan con colectivos vulnerables.
El reparto total de 375.746.226 euros supone un incremento de más de 40 millones respecto al año pasado, según ha destacado el Ejecutivo. Esta cantidad se distribuye entre todas las comunidades y ciudades autónomas, exceptuando País Vasco y Navarra, por contar con regímenes fiscales propios.
Para establecer la distribución se han aplicado 13 criterios objetivos, entre los que se incluyen: el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, la población dependiente, la dispersión geográfica, la tasa de envejecimiento y el porcentaje de personas con discapacidad.
Estos indicadores permiten ajustar el reparto de fondos a las necesidades reales de cada territorio, garantizando que los recursos lleguen a los lugares donde más se necesitan.
Aunque el reparto ha sido autorizado por el Consejo de Ministros, el siguiente paso será someter la propuesta al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una vez superado este trámite, serán las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.
Estas convocatorias estarán dirigidas a entidades y asociaciones del Tercer Sector, que podrán optar a los fondos siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada administración autonómica.
En el caso de Ceuta, este presupuesto representa una inyección importante para reforzar la red de atención social, especialmente en áreas relacionadas con la dependencia, la inclusión y el apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Los fondos provenientes del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades se han convertido en una vía fundamental de financiación para cientos de organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno en todo el país. Desde proyectos de intervención con personas mayores, hasta iniciativas de apoyo a la infancia, personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia, esta financiación ayuda a sostener estructuras clave del Estado del Bienestar.
Con esta nueva asignación, el Gobierno busca seguir promoviendo la cohesión social, en un contexto donde muchas familias y colectivos siguen enfrentando importantes dificultades económicas y sociales.
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