El Gobierno de España ha entendido esa petición de auxilio cursada desde Ceuta para el traslado de menores inmigrantes, tal y como ha garantizado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al presidente local, Juan Vivas, con quien ha mantenido una conversación “cordial y positiva”, han calificado fuentes consultadas por El Faro de Ceuta.
Desde el Gobierno central se indica a la Ciudad que se conoce “al detalle” la situación vivida y se “comparte la preocupación”.
Pero más allá de impresiones se han confesado compromisos. Así, desde el Ministerio se va a trabajar en tres líneas.
De entrada se va a proceder a la activación de los recursos de emergencia, a través de planes de contingencia. También, se va a retomar la reforma estructural asociada a la modificación de la Ley de Extranjería.
Pero lo más importante es que hay un compromiso de estudiar fórmulas jurídicas que, sin modificar la Ley, permitan esa derivación de menores a la península.
Esta es la receta de actuaciones urgentes que serán analizadas en próximos encuentros. Es el compromiso del Ministerio después del llamamiento hecho por la Ciudad tras formar un gabinete de crisis.
Este mismo jueves la Ciudad se reunió para analizar el pico histórico que se está sufriendo en ocupación de menores poniendo de manifiesto el “auténtico drama humano” que se registra en la ciudad con las entradas continuadas de menores marroquíes.
Se está alcanzando el pico histórico de acogidos, con unas cifras similares a las vividas en 2019 y lo más grave es que no hay en el horizonte un punto y final a este goteo constante de llegadas.
Con cada vez más recursos activados, Ceuta se ve sin capacidad para atender a todos los chicos que llegan sorteando, sobre todo, la ruta del espigón.
Los datos evidencian una situación crítica. Ceuta se encuentra absolutamente desbordada en sus capacidades para asistir y acoger a los menores que llegan.
Menores que quieren cruzar a la Península en donde, en su mayoría, tienen familiares. No se quieren quedar aquí, pero terminan copando los recursos habilitados al no haber traslados para su reparto en las autonomías, pecándose de una falta de solidaridad entre territorios.
En estos momentos, el número de menores supera en un 360 por ciento a la capacidad de acogida que, por tamaño y otras variables, a Ceuta le corresponde.
En lo que va de año, el número de llegadas multiplica por seis al de 2023.
Lo peor es que no es algo sorpresivo. El Gobierno de Ceuta lleva meses alertando de esta situación, prácticamente desde primeros de año, sin que se haya dado una respuesta de la envergadura necesaria por parte del Estado.
La Ciudad pide atención “adecuada, solidaria, proporcional y consistente”. Entre las medidas que pedían era “contemplarse la articulación de los mecanismos, legales, presupuestarios y en medios que sean precisos para una derivación ágil y vinculante de menores a la Península”.
“Como parte integrante de España y de Europa, y en el convencimiento de que la debida atención a los menores no acompañados constituye un deber inexcusable, y de que nos enfrentamos a un asunto de todos, que como tal ha de ser abordado.
El Estado ha respondido ofreciendo salidas para superar este problema.
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