España fue el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad entre 2007 y 2011, que coincide con el Gobierno del PSOE, y según puso de manifiesto la OCDE en un informe publicado el 19 de junio de 2014. Más adelante, el 21 de mayo de 2015, el mismo organismo puso de manifiesto que la desigualdad de ingresos netos “aumentó fuertemente” en ese periodo. Según este informe, los hogares con menos ingresos sufrieron “una caída más importante” durante la crisis, de manera que “los ingresos reales del 10% más pobre de la población disminuyeron un 13% al año entre el 2007 y el 2011 comparado con una baja del 1.4% para el 10% más rico”.
España había alcanzado cifras récord en desigualdad, pobreza y exclusión y sus magnitudes habían aumentado a mayor ritmo que en la UE. El riesgo de pobreza y exclusión social alcanzaba al 27,7% de la población y el aumento del desempleo fue, en gran medida, el desencadenante del incremento de estas magnitudes ya que la tasa de personas viviendo en hogares con baja intensidad laboral (que supone el 25% de la tasa AROPE) se duplicó durante la pasada legislatura, al pasar de 6,6 puntos en 2008 a 13,3 en 2011.
El 31 de octubre de 2011, el diario El País publicó: La crisis dispara la desigualdad de ingresos entre los españoles, artículo que ponía de manifiesto que “la brecha entre pobres y ricos” había alcanzado “su nivel más alto desde que hay datos” y añadía que “solo Letonia, Lituania y Rumanía” tenían “mayor disparidad de rentas en la Unión Europea”. “Ricos más ricos, pobres más pobres”, publicó en diciembre de 2011 este mismo periódico, que alertó de que “en España, el 10% mejor situado” ganaba “12 veces más que el peor pagado”. Y otros medios pusieron de manifiesto que “algunas partidas de ayuda a familias y colectivos desfavorecidos” volvieron “al nivel de hace 10 años” (El Periódico de Aragón, 18/10/2010, en alusión a los presupuestos de 2011).
A pesar de ello, el anterior Plan de Inclusión concluyó en el año 2010 y el Gobierno del PSOE desoyó el mandato parlamentario de aprobar un nuevo Plan 2011-2013. En el Debate del Estado de la Nación, celebrado en junio de 2011, la Resolución número 47 recogía en su punto 8: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, un nuevo Plan Nacional de Inclusión Social en el segundo semestre de 2011, que tenga en cuenta la evaluación y resultados del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008–2010 y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Reformas”.
Mientras tanto, numerosas entidades que trabajan con las personas más vulnerables podían acumular hasta un año de retraso en el cobro por parte de algunas Administraciones Públicas, situación que estaba generando importantes problemas a la hora de desarrollar su actividad.
Ante este panorama, el Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, se adoptaron medidas para frenar esta desigualdad con Planes y estrategias como hoja de ruta para el presente y el futuro de nuestro país.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, aprobado en diciembre de 2013, cuenta con 240 actuaciones específicas contra la pobreza y la exclusión social y más de 136.000 millones de euros (un presupuesto base 4.000 millones de euros mayor que el del último Plan). Una vez concluido su periodo de vigencia, en 2017 se dispondrá del Informe Final de Seguimiento.
El Consejo de Ministros aprobó el 6 de noviembre de 2015 la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar dirigida a las 23.000 personas que, según datos del INE, viven en España en esta situación y son atendidas en centros.
A estos planes se une, asimismo, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, aprobado en mayo de 2015 con más de 225 medidas y un presupuesto de 5.400 millones para su primer ejercicio, incluye entre sus objetivos principales dar apoyo a las familias que están en situaciones especiales o erradicar las desigualdades con origen en la situación familiar.
O la Estrategia Nacional para la inclusión social de la Población Gitana en España 2012-2020 aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros el 2 de marzo de 2012, que recoge la política del Gobierno en materia de población gitana, en la que se contemplan cuatro áreas de acción clave para la inclusión social: educación, empleo, salud y vivienda.
Además, el Gobierno del Partido Popular impulsa el empleo, las prestaciones sociales y los servicios públicos de calidad ya que constituyen la política más eficaz para luchar contra la pobreza y el riesgo de exclusión. Especialmente después de que el paro se duplicara en España durante las dos legislaturas anteriores del PSOE. Así lo dicen todos los informes publicados.
Por eso, la reforma laboral (nuevas tarifas planas o nuevos tipos de contratos), la reforma sanitaria (asistencia sanitaria universal, pública, gratuita), la reforma educativa (para reducir el abandono escolar), la de la Dependencia (para agilizarla y dar prioridad a los grandes dependientes) o la consolidación del sistema de pensiones (para garantizar por Ley su subida) pusieron los cimientos para dar la vuelta a la situación. A las reformas mencionadas hay que unir también la reforma fiscal, cuyo impacto es mayor para las familias con menos ingresos.
El Gobierno ha aprobado la ampliación de la vigencia del Plan PREPARA seis meses más, hasta el 15 de agosto de 2017. Hasta la fecha, se ha prorrogado en 12 ocasiones. El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquéllos con responsabilidades familiares.
El Gobierno del Partido Popular refuerza el apoyo a las CCAA y las Corporaciones Locales, para ayudarles a cumplir con las políticas sociales, se han articulado instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Pago a Proveedores. A lo largo de la legislatura pasada (2011-2015), el Estado proporcionó a las CCAA más de 184.000 millones de esta manera, de los que el 70% fueron destinados a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.
