El Gobierno defiende el uso del reconocimiento de deuda en Amgevicesa

Hace unos días se hizo público que diferentes miembros del consejo de Administración de Amgevicesa, en Ceuta, votaron en contra de las cuentas anuales, así como de la aprobación del reconocimiento de la existencia de deuda a favor de una serie de proveedores.

Sobre esto último se ha pronunciado este martes el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, quien ha explicado que el reconocimiento de deuda “es una fórmula que recoge la ley para unas circunstancias excepcionales, que tengan su justificación técnica, para situaciones en la que no se ha podido tramitar un contrato de servicios, de inversión o de cualquier índole”.

En ese sentido, ha señalado que en el caso concreto de Servilimpce o Amgevicesa, la motivación de la aplicación “no es otra que ha habido una municipalización de un servicio”.

Y es que, cuando se firma una municipalización, “al día siguiente es municipal. Al ser dos servicios esenciales que no se pueden parar, es normal que se subroguen todos los contratos que el privado tuviera” hasta que se ponga al día la entidad.

Eso es lo que ha pasado con la empresa municipal Amgevicesa y también con Servilimpce.

El contrato de los seguros de Amgevicesa

Sobre la primera de ellas, según ha detallado el portavoz Alejandro Ramírez, “lo que ha pasado es que, en el caso de algunos contratos, como el de los seguros, se entendía que, al venir subrogado con una prórroga automática año a año, se podía seguir prorrogando y seguir pagando”.

Sin embargo, desde Intervención les notificaron que el proceso no era correcto “y que se tenía que tramitar una licitación nueva o hacer un nuevo contrato”.

De este modo, la factura correspondiente al 2025 tan solo se podía abonar “con un reconocimiento de deuda. Eso no se aprobó el otro día en Consejo de Administración y ahora queda que se vuelva a llevar de nuevo de alguna manera con más información o que el agente que ha prestado el servicio actúe por vía judicial reclamando el pago del servicio”. 

La labor del Consejo de Administración

Sobre ese rechazo, Ramírez considera que “al final los consejeros de una sociedad pública o privada tienen el cometido de velar por el buen funcionamiento de la empresa. Entiendo que hay cosas en las que no se puede estar de acuerdo, pero en el caso de las cuentas anuales creo que es una situación que lo normal es que los consejeros delegados lo aprueben con normalidad porque es un tema contable y estamos observando que en algunos consejos no ha ocurrido eso”.

Para finalizar, Ramírez ha manifestado que el servicio de seguros se sigue prestando y no corre peligro. El único problema está en cómo abonar el trabajo realizado el año anterior.

Además, si existiera la posibilidad de que no se pudiera prestar, sería la entidad la que tomara decisiones porque también la ley tiene medidas para poder actuar en estos casos porque “el servicio no puede quedar sin prestarse”.