El
Gobierno de Ceuta está convencido de que no ha incurrido en ningún “ilícito penal” con la firma del decreto que permitió avalar la compra de material sanitario como
mascarillas o geles. Afronta por tanto con tranquilidad la denuncia presentada en el juzgado por MDyC, partido que considera la presunta existencia de delitos de malversación o prevaricación. El portavoz del Ejecutivo Local, Alberto Gaitán, ha trasladado a los medios de comunicación su absoluto convencimiento de que se ha obrado correctamente y “atendiendo al interés general”. La adquisición de ese material “era necesario” y de ahí que se siguió un mecanismo para su compra con este decreto. El propio Gaitán ha advertido de que la situación no está todavía controlada y cualquier medida que se adopte es clave siempre teniendo en cuenta el interés de la población y su seguridad. De igual manera, Gaitán ha recalcado la confianza que se tiene en la justicia y ha insistido en que se han aplicado “criterios profesionales” para esta compra, siempre atendiendo las pautas de técnicos y expertos que aconsejaron dar esos pasos. MDyC lamentó que no se habían dado explicaciones políticos, motivo este que le llevó a acudir al juzgado. Por parte del portavoz Gaitán se ha concretado que todas las explicaciones de los pasos dados se han ofrecido tanto por parte del consejero de
Sanidad, Javier Guerrero, como de la vicepresidenta primera del Gobierno, Mabel Deu. Ahora solo queda conocer los pasos que dará el juzgado tras la recepción de la denuncia. MDyC mantiene que esa compra de material podía haberse llevado a cabo con un ahorro de 200.000 euros, de acuerdo con los datos obtenidos por la propia formación en un rastreo. El culebrón de la compra de mascarillas termina así en los juzgados a expensas de qué decisión se adopta allí.