De nuevo el conflicto mantenido entre Gobierno y empresa adjudicataria del servicio de limpieza, Trace, ha cobrado protagonismo político después de que el diputado de Caballas, Mohamed Alí, haya cuestionado sobre varios asuntos en torno a esa relación contractual.
Se ha quedado con las ganas de saber si es cierto que Trace le reclama hasta 6 millones de euros a la Ciudad, algo que, de ser cierto, imposibilitaría el punto y final a este contrato ahora en vigor. Tampoco le han dado explicaciones de por qué se ha cesado en las detracciones que se estaban llevando a cabo ya que supuestamente la empresa no estaba cumpliendo con su labor.
“Las detracciones que hacía la Ciudad a Trace misteriosamente se han dejado de hacer. Si no se le detrae es que cumple. Si ahora se le paga, tras 14 meses sin cumplir, es que ahora lo hace. Durante 52 meses Trace cumplía, y durante 14 dejó, y ahora vuelve a cumplir porque ya no le quitamos dinero”, ha preguntado Alí, sin hallar explicación alguna a los cambios de criterios adoptados por la Ciudad Autónoma hacia una empresa a la que “mensualmente le damos un millón de euros”.
La única respuesta obtenida por parte de la Ciudad se ha centrado en el reconocimiento del interés que tiene la institución en rescindir el contrato de mutuo acuerdo, cumpliendo con la ley, respetando los derechos de trabajadores y evitando un enriquecimiento injusto.
Alí ha recordado que si es cierto que la empresa reclama 6 millones no podrá llevarse a cabo esa rescisión, además de haber denunciado que en base al último censo electoral faltarían 50 trabajadores en plantilla, número que no ha sido restituido en el tiempo. La Ciudad no ha salido del mensaje plasmado y recogido en anteriores intervenciones públicas, con lo que la situación sigue siendo la misma.
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