El Gobierno y el carácter militar contra los guardias civiles

Una vez más, los guardias civiles se sienten discriminados. El motivo, tristemente repetido: el Gobierno vuelve a utilizar la naturaleza militar del cuerpo como excusa para excluirlos de los mismos derechos que sí se reconocen a otros cuerpos policiales.

La reciente tramitación del Real Decreto que declara la profesión de riesgo exclusivamente para la Policía Nacional ha sido la gota que colma el vaso. Este reconocimiento implica, entre otros beneficios, el acceso a coeficientes reductores en la edad de jubilación, es decir, poder retirarse antes en compensación por la peligrosidad y las condiciones de un trabajo que pone en riesgo la vida a diario.

Pero, mientras los policías nacionales obtienen ese reconocimiento, los guardias civiles quedan fuera. Como si patrullar carreteras, enfrentarse a narcotraficantes, desactivar explosivos o proteger la frontera no implicara el mismo riesgo con carácter o sin carácter militar. Pues para el Gobierno parece que no, porque el Ministerio del Interior, manifiesta que la exclusión se debe a que la Guardia Civil mantiene el carácter militar, con un régimen jurídico distinto al Cuerpo Nacional de Policía.

Un argumento que rechazan todos los guardias civiles sin distinción de empleo y dicen no ante el hartazgo de que los gobiernos del PSOE y PP sigan utilizando este argumento para robar derechos a los guardias civiles y sus familias. Pero esto ya no cuela y si el obstáculo es el carácter militar, lo tienen fácil, que lo quiten, porque ser civil no mermaría el compromiso y la eficacia de la Institución con los ciudadanos.

Este conflicto no es nuevo. La excusa del “carácter militar” lleva décadas sirviendo para meter guardias civiles en cárceles militares, limitar derechos, la imposibilidad de la negociación colectiva o la libertad sindical y, ahora, a la jubilación. Tampoco podemos olvidar para refrescar la memoria de PSOE y PARTIDO POPULAR lo sufrido para conquistar una jornada laboral como el resto de funcionarios, la libre circulación en nuestro tiempo libre o el disfrute de vacaciones en verano.

En España, ya se reconocen como profesiones de riesgo a otros cuerpos policiales locales y autonómicos, resulta incomprensible que se siga negando ese mismo estatus a quienes comparten patrullas conjuntas y enfrentan idénticas amenazas. Esta negación de derechos no es más que una nueva cagada de un Gobierno que chapucea las normas y no sabe a dónde pueden llegar sus decisiones, sobre todo, porque han generado un malestar en el conjunto de la Guardia Civil y al final no tendrán más remedio que ceder ante tal estupidez.

Más allá del debate jurídico, de la respuesta de las Asociaciones Profesionales o de la propia sociedad ante tal desbarajuste, no se entiende que un gobierno dé un paso de este calado a sabiendas que van a perder la batalla ante la sociedad, los guardias civiles y ante los tribunales cuando se presenten los pertinentes recursos. Mantener una desigualdad basada en una justificación administrativa es, a estas alturas, un insulto al sentido común y a la justicia institucional.

Quizás la pregunta a la que debe responder el Gobierno no es si la Guardia Civil es un cuerpo militar o civil, sino si se merece el mismo reconocimiento. La respuesta es que NO, aunque después van alardeando y presumiendo de una Guardia Civil moderna, eficaz y capaz de responder en cualquier circunstancia.

Que tomen nota los guardias civiles y los ciudadanos.