El
Pleno de la Asamblea aprobará mañana introducir una
Disposición Transitoria en las tasas que componen el ‘recibo único’ de Acemsa, esto es, en las de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, basuras y depuración de aguas residuales, que estipula que con efectos 1 de abril y hasta diciembre gozarán de una bonificación del 20 % de la cuota tributaria aquellos obligados tributarios que sean titulares de inmuebles como actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas.
Según los cálculos de Servicios Tributarios, la aplicación de la esta bonificación tendrá un coste para las arcas públicas de 346.000 euros, cantidad obtenida de aplicar a la recaudación realmente obtenida en 2019 el porcentaje bonificado al periodo de aplicación de las tasas mencionadas.
La medida se inserta en el marco del plan proyectado por el Gobierno de Vivas para responder al
coronavirus, cuya propagación “está provocando una crisis inédita en nuestra historia reciente y de dramáticas y devastadoras consecuencias humanitarias, económicas y sociales, en el conjunto de España y en Ceuta en particular”.
Con la intención de que la Ciudad “no permanezca ajena a la crisis” y de “poner todos los medios a nuestro alcance para, al menos paliar, las referidas consecuencias económicas y sociales”, el Ejecutivo local tras recabar el pertinente asesoramiento técnico, ha diseñado un plan de medidas “urgentes e inaplazables, de verdadera emergencia”, con el que se pretenden satisfacer tres objetivos principales.
El primero es “colaborar con el INGESA en todo lo que sea preciso para prevenir, contener, luchar y vencer al virus”. El segundo, “atender las necesidades de emergencia social provocadas por la crisis”.
Finalmente, la Administración local busca “apoyar al tejido productivo de nuestra ciudad, en particular a nuestros autónomos y microempresas, para que, una vez alcanzada la normalidad, puedan seguir generando empleo y riqueza y contribuyendo, de manera vital, al sostenimiento de los servicios públicos esenciales”. En suma, “apoyar su supervivencia por cuanto que de la misma depende, en gran medida, la de Ceuta”.
“Justicia” tributaria en plena crisis sanitaria
El Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas (PP) se ha propuesto “establecer bonificaciones en determinas tasas por ocupación de dominio público o prestación de servicios, que no sería justo mantener en su integridad en momentos de inactividad o de brusca caída de la misma, como los que estamos viviendo”. También va a introducir una moratoria sin intereses a las empresas locales para, a través de este crédito tributario, poder “aliviarles las duras tensiones de falta de liquidez que sufren por causa de la obligada inactividad o de la drástica reducción de su nivel de ingresos”.
Imposición indirecto sobre pescado fresco y refrigerado, coches eléctricos, servicios...
El Gobierno de Ceuta quiere aprovechar la reforma de la Ordenanza del IPSI para atender la posición de los Servicios Fiscales de la Ciudad que han puesto de manifiesto la conveniencia de modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación “en lo referente, por un lado, al tipo de gravamen aplicable al pescado fresco y refrigerado, y por otro, con el establecimiento de la definición del concepto de vehículo de propulsión eléctrica, a los efectos de la aplicación del tipo de gravamen del 5%”.
También se abordará la aplicación de la aprobación definitiva de la modificación del artículo 33 de la Ordenanza realizada por el Pleno de la Asamblea en febrero, ya que “se ha constatado un tratamiento fiscal no equitativo en relación a determinados servicios, al depender la aplicación del tipo de gravamen del 4% o del 9% de que el prestador sea un profesional o una entidad jurídica constituida al efecto, aspecto éste que exige su revisión”.
Llega la “tan antigua como justa” petición de pagar el IPSI por ventas
La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, propondrá mañana al Pleno modificar la Ordenanza del IPSI para, entre otros extremos, recoger en ella “la tan antigua como justa aspiración de nuestro tejido productivo, ahora más justificada que nunca”, de pagar el tributo indirecto a la importación “en relación con la mercancía vendida y sin incluir, por tanto, la que permanece en los almacenes pendiente de dicha venta”.
El texto propuesto establece que la Ciudad “podrá reconocer la aplicación del régimen especial de depósito en relación con las importaciones de bienes realizadas por personas físicas y jurídicas que no estén dentro del sector público”.
Ello no será de aplicación a los importadores que figuren en las modalidades de Gravámenes Complementarios u Operaciones Interiores. La aplicación de este régimen exigirá autorización de Servicios Tributarios “previa solicitud de los sujetos pasivos”.
En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial se entenderá producida la importación de los bienes y, por ende, el devengo del tributo, cuando éstos se destinen al consumo local, acto que no requerirá una autorización explícita por parte de la Ciudad y que supone la puesta a disposición de los bienes a favor de un tercero, tenga o no la condición de consumidor final”.