Pero lo que tampoco es aceptable es la actitud del Gobierno respecto a este problema. Amparándose en el quehacer diario de los profesionales del área (mucho más allá de sus obligaciones y posibilidades), mantiene una pasividad que ya sobrepasa los límites de la responsabilidad. Sus únicos argumentos expuestos públicamente es que se “gasta” 5,6 millones de euros en mantener a los MENA (algo que Caballas desmiente rotundamente, que expliquen de dónde sacan esas cuentas), y que están desbordados por atender a doscientas personas (obviando que, por ejemplo, en Melilla este colectivo supera las cuatrocientas personas).
Hace ahora un año que Caballas denuncia el deplorable estado del centro, la insuficiencia de la plantilla y la carencia de un proyecto educativo. En todo este tiempo tan sólo se adjudicado una obra menor (por importe de 49.000 euros) para evitar que las aguas fecales se filtren a los dormitorios, obra aún no ejecutada). La recurrente promesa de un “centro
nuevo” ni siquiera está en proyecto (no aparece en los presupuestos). La plantilla lejos de ampliarse va disminuyendo, a pesar del notable incremento de usuarios.
El pasado mes de enero, volvimos a interpelar al Gobierno sobre esta cuestión, obteniendo la misma respuesta: una absoluta dejación de responsabilidades.
Caballas exige al Gobierno de la Ciudad que asuma sus competencias en el área de menores con sentido de la responsabilidad y sin más excusas o dilaciones; destinando para ello cuantos medios y recursos fueran necesarios, de una manera efectiva e inmediata. Es la única forma de atajar lo que amenaza con convertirse en un problema de enormes proporciones.
