El Gobierno asegura que la Ordenanza de Evaluación de Edificios llegará al Pleno antes de final de año

El portavoz del Grupo Vox en la Asamblea, Juan Sergio Redondo, interpeló este martes al Gobierno de la Ciudad para conocer el estado de la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios, una normativa que considera “imprescindible” para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir los desprendimientos que se vienen produciendo en distintos inmuebles de Ceuta.

Una ordenanza que dejó claro Martínez Peñalver que ya está en manos de los técnicos municipales que lo están analizando para dar el visto bueno.

Durante su intervención, Redondo hizo referencia a los recientes desprendimientos de cascotes registrados en varios edificios de la ciudad, unos hechos que calificó de “graves”, aunque destacó que, afortunadamente, no se han producido daños personales.

En este sentido, defendió que el mantenimiento del parque inmobiliario debe ser una prioridad para las administraciones por tratarse de una cuestión que afecta directamente a la ciudadanía.

El diputado de Vox sostuvo que la principal consecuencia de la falta de actuación es que Ceuta carece de un marco normativo que regule la evaluación y el control periódico del estado de conservación de los edificios.

A su juicio, cada nuevo desprendimiento constituye “un recordatorio del deterioro” de numerosos inmuebles, por lo que preguntó al Ejecutivo por qué aún no se ha aprobado esta ordenanza y qué medidas piensa adoptar para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La ordenanza ya está redactada

El encargado de responder fue el consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, quien aseguró que la ordenanza ya está redactada gracias al trabajo realizado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta.

Según explicó, el documento ya ha sido remitido por la entidad profesional y actualmente se encuentra en manos de los técnicos municipales, que deben emitir el correspondiente informe antes de continuar con su tramitación.

Martínez Peñalver indicó que, una vez los servicios técnicos den su visto bueno, el texto será trasladado a todos los grupos políticos y posteriormente elevado al Pleno para su aprobación definitiva.

Además, expresó que considera esta normativa “muy importante”, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también por el impacto económico que puede generar, al entender que impulsará la actividad del sector de la construcción y la rehabilitación de edificios.

En cuanto a las actuaciones que desarrolla actualmente la Ciudad frente a los inmuebles en mal estado, el consejero explicó que el instrumento jurídico vigente permite ordenar a la propiedad de una finca que lleve a cabo las actuaciones necesarias cuando se detecta una situación de riesgo.

En caso de incumplimiento, señaló que es la propia Administración la que ejecuta las obras de forma subsidiaria y posteriormente repercute el coste a los propietarios. Asimismo, manifestó su intención de que la ordenanza pueda quedar aprobada antes de finalizar el año.

Vox reclama un calendario concreto

En su turno de réplica, Juan Sergio Redondo criticó que, pese a que el Gobierno asegura que el texto ya está elaborado, no haya ofrecido ningún plazo concreto para su remisión al Pleno ni para ponerlo a disposición de los grupos políticos.

Según afirmó, hasta el momento la oposición no ha recibido información alguna sobre el contenido del documento más allá de las explicaciones ofrecidas durante la sesión.

El portavoz de Vox recordó además que el propio Ejecutivo ya calificó esta ordenanza como una actuación urgente durante el año 2024, por lo que consideró que la consejería debería manejar un calendario definido para culminar su tramitación.

En este sentido, insistió en que su grupo no cuestiona el procedimiento administrativo, sino que reclama conocer cuándo podrán estudiar el texto y debatirlo antes de su aprobación.

Redondo también reprochó al consejero haber pasado “de puntillas” sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los desprendimientos registrados en distintos edificios de la ciudad.

A su juicio, existen vecinos que residen en inmuebles antiguos o en promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que carecen de recursos suficientes para afrontar las sanciones o los costes derivados de las actuaciones exigidas por la Administración, una situación que, aseguró, deja a muchas familias sin el respaldo necesario.

El Gobierno insiste en que depende del informe técnico

Para cerrar el debate, Rafael Martínez Peñalver reiteró que el documento permanece actualmente en manos de los técnicos municipales y defendió que el Gobierno no puede fijar una fecha definitiva hasta que concluya esa revisión.

Una vez finalice ese trámite, aseguró, la ordenanza será remitida a todos los grupos políticos y posteriormente será elevada al Pleno para su aprobación.