El Gobierno central ha anunciado este jueves 31 de julio la puesta en marcha del proceso de derivación de menores inmigrantes no acompañados desde territorios saturados como Ceuta, Canarias y Melilla, en una reunión clave celebrada en Las Palmas de Gran Canaria entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las delegaciones del Gobierno en todas las comunidades autónomas.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se desplazó ayer a Canarias para asistir este jueves a la reunión.
La cita, en la que participaron presencialmente los representantes de Ceuta, Melilla y Canarias, ha servido para detallar las medidas urgentes que se pondrán en marcha para garantizar la protección de estos menores, así como para insistir en que el Gobierno seguirá trabajando en la defensa del interés superior de la infancia inmigrante.
Torres fue tajante al recordar que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente aprobada, y el futuro Real Decreto de Capacidad –previsto para el 26 de agosto– establecen obligaciones legales claras para todas las comunidades autónomas. “Existen mecanismos legales para garantizar que se cumpla la ley. Nadie puede negarse a cumplirla”, subrayó el ministro.
Con esta normativa, se fija un sistema garantista y vinculante que se activa cuando una comunidad, como ocurre ahora con Ceuta, Melilla o Canarias, triplica su capacidad de acogida ordinaria de menores no acompañados.
A partir de ahí, se inicia un procedimiento administrativo con plazos definidos: las comunidades disponen de tres días para comunicar su situación de saturación, tras lo cual se articula un plan de derivación que implica la firma del delegado del Gobierno en el territorio de origen y de destino, con un margen de 15 días para los menores recién llegados y un máximo de un año para los que ya estaban acogidos.
Durante su intervención ante los medios, Ángel Víctor Torres insistió en el carácter humanitario de esta actuación, y comparó la situación de los menores africanos con la de los refugiados de la guerra de Ucrania. “Es una cuestión de derechos humanos. Solo cambia el color de piel”, sentenció el ministro.
Criticó abiertamente la actitud de algunas comunidades como Madrid, cuyo Ayuntamiento en Pozuelo de Alarcón ha comunicado el cese temporal de la actividad en un centro de acogida alegando problemas con la licencia de uso. Torres lamentó que esta decisión responda más a una actitud de “racismo preventivo” que a motivos legales. “Parece que hay menores a los que se les abren las puertas y otros a los que no”, añadió, apuntando directamente a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y a la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.
El titular de Política Territorial también se preguntó si el Partido Popular, que votó en contra de la reforma del artículo 35, incluirá su derogación en la lista de leyes que prevé suprimir en septiembre. En este contexto, pidió al líder del PP en Canarias y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, que se desmarque públicamente de las decisiones adoptadas por sus compañeras de partido en Madrid, ya que –en palabras de Torres– están bloqueando el derecho de estos menores a ser reubicados en condiciones dignas.
La situación que viven actualmente Ceuta y Melilla, junto a Canarias, es insostenible. La presión migratoria en estos territorios ha vuelto a intensificarse en las últimas semanas, especialmente por la llegada constante de menores no acompañados procedentes de África. El nuevo marco normativo busca precisamente evitar que comunidades autónomas con capacidad ociosa den la espalda a este fenómeno, que afecta a todo el país.
Torres advirtió que el sistema se ha diseñado con criterios objetivos como la población, el esfuerzo de acogida ya realizado y otros factores medibles, por lo que ninguna región podrá negarse a colaborar sin saltarse la ley.
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