Los nombramientos del Consejo de Gobierno del pasado viernes no hacen nada más que ratificar el escaso interés que tiene el Presidente Vivas por tener una Administración al servicio del ciudadano en contraposición al afán por una estructura de “gobierno” que raya en la megalomanía. La situación de la plantilla de empleados públicos es desesperada, calificativo que puede ponerse tranquilamente sin caer en la exageración o el falso dramatismo. Vayas a la dependencia o al área del Ayuntamiento que quieras, indefectiblemente te encontrarás con que los negociados, que son los que tienen que atender las necesidades de los ciudadanos se encuentran en la inmensa mayoría de los casos con la mitad del personal que tenían hace ocho años y con un volumen de trabajo inasumible.
En contraposición nos encontramos con un Ejecutivo que hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo contaba con CATORCE miembros. De los Directores Generales, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta cuántos y quiénes son. Hace varias semanas me dirigí al Consejero de Hacienda solicitándole esa información. Todavía no me ha contestado. Creo que el hombre no ha tenido tiempo porque los directores generales no paran de crecer. Sospechamos que actualmente, con las últimas incorporaciones producidas, deben estar entre DIECISEIS y DIECIOCHO. ¿Saben ustedes cuantos Técnicos de Administración General tiene actualmente operativos la Ciudad? No superan con seguridad los CATORCE o QUINCE?
Como diría el maestro de periodistas Miguel Ángel Aguilar ¿pero qué broma es ésta? Más Directores Generales que Técnicos de Administración General. Tenemos un Director General de Parques Naturales, un Director General de Asuntos Generales, un profesor de música, una jubilada o que, al menos debería estarlo, personas que han sido condenadas por delitos contra la Administración Pública. Y, en el colmo, personas que ni siquiera son funcionarios, requisito indispensable salvo que se fiche a una persona de prestigio en la materia correspondiente, que no creo que sea el caso.
Ahora nos encontramos con que van a haber VEINTE ASESORES, para el Gobierno. A cuatro de ellos les han puesto un apellido. Asesores DELEGADOS. ¿Saben lo que significa el apellido DELEGADOS? Pues significa que van a cobrar del orden del mil quinientos euros más. Eso es lo que significa esta apellido MIL QUINIENTOS EUROS más, eso sí, a costa del contribuyente. ¿Se imaginan por un momento, fundamentalmente los que sean trabajadores de la Ciudad, que esos veinte asesores, desaparecieran por arte de magia y aparecieran en su lugar veinte auxiliares o administrativos para trabajar al servicio de los ciudadanos?
Sé que muchas voces interesadas dirán que esto que les acabo de relatar, y que son verdades como puños, es sólo demagogia, que se quiere atacar a la autonomía de Ceuta y a su capacidad de autogobierno. A estos les respondo que si capacidad de autogobierno significa que haya ochenta o cien personas, muchas de ellas cobrando sueldos estratosféricos más propios de banqueros para coordinar nadie sabe qué y para acudir a viajes a Madrid en detrimento de la plantilla de trabajadores que tiene que atender al ciudadano, principio y fin primordial de cualquier Administración Pública, que se metan la capacidad de autogobierno donde mejor les quepa. La estructura autonómica se creó en la Constitución Española para acercar la Administración al ciudadano y no justo para lo contrario.
Y finalmente quiero desde aquí hacer un llamamiento al Ministerio Público y a la Justicia, en general, para que tomen cartas en el asunto. El caso de Dª Adelaida Álvarez lo ha declarado el Tribunal Supremo como fraude de ley. Nadie puede eludir con artimañas la acción de la justicia sin que haya consecuencias. Esta señora, entre otros cuantos, disfrutó de cargos y de un generoso salario público durante años de forma ilegal y no solo se han ido todos de rositas, sino que años después realizan la misma jugada con la seguridad de que todos estos nombramientos, entre sentencias, recursos y casaciones, para cuando se dictamine que han sido contrarios a derecho, los protagonistas ya habrán disfrutado de estos pingües emolumentos y los que los nombraron y se les abonaron se seguirán partiendo el pecho de risa. Creo que la justicia debe dar un paso al frente e impedir que este fraude de ley tal como ha dictaminado el Tribunal Supremo se vuelva a repetir.
