Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive
la causa en la que investiga dos querellas contra él “por genocidio, detención ilegal y torturas”. Su argumento ha sido que estas acusaciones “responden a motivaciones espurias de carácter político”. En su escrito al magistrado, la defensa ha expuesto esta petición y además ha destacado que, como ya dictaminó en 2015 este mismo juzgado, “el único genocidio es el cometido contra el pueblo saharaui”. El abogado que representa a Ghali, Manuel Ollé, ha insistido en que “la intención con estas querellas es atacar ferozmente a su cliente, al ser una figura histórica en la lucha por del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y un referente de este pueblo por su trabajo durante más de 50 años”. Hay que recordar que transcurrido más de un mes de su ingreso en un hospital de Logroño por COVID-19, lo que generó una grave crisis diplomática entre España y Marruecos escenificada en Ceuta, Ghali retornó a Argelia tras comparecer el pasado día 1 ante Pedraz, que rechazó imponerle las medidas cautelares que pidieron los querellantes, incluyendo la prisión o la retirada del pasaporte, por considerar que no había riesgo de fuga alguno, además de no creer que existiesen “elementos siquiera indiciarios para creerle responsable de delito alguno”. Ahora su abogado, al pedir el sobreseimiento de esta causa, ha incidido en la falta de indicios contra Ghali y ha asegurado que “los hechos denunciados son inexistentes”, además se ha referido a la acusación de genocidio como “incongruente”. Respecto a la falta de indicios ha destacado que tanto la “inocua versión de los propios querellantes” como las pruebas practicadas, “a instancias, de la propia acusación particular”, terminan “por fulminar su interesada y espuria versión incriminatoria”.
"Pertenecería al grupo de las víctimas y no de los victimarios"
Por eso han insistido en que “las acusaciones están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la justicia”. Además, sobre la inconsistencia de atribuirle un delito de genocidio, en el escrito se lee que de acuerdo con la versión de los querellantes, “el propio Ghali tendría la consideración de saharaui pro español; y, por tanto, pertenecería al grupo de las víctimas y no de los victimarios”. Han recalcado entonces que “el único genocidio cometido es de las autoridades civiles y militares contra el pueblo saharaui, como reconoce el auto de este Juzgado Central de Instrucción número 5, de la Audiencia Nacional, de 9 de abril de 2015”. El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali,
abandonó España la noche del 1 de junio en un avión oficial argelino desde el aeropuerto de Pamplona, poco después de haber salido del Hospital San Pedro de Logroño donde había permanecido ingresado un mes y medio para ser tratado de COVID-19. La acogida de Ghali sirvió a Marruecos como detonante de una crisis que derivó en la entrada de miles de personas a Ceuta entre el 17 y 18 de mayo, además de un pulso político entre Rabat y Madrid que implicó la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España.