La gestión del agua en el cambio climático

Algunos vaticinan que la próxima guerra mundial será por el control del agua. De hecho, muchos de los conflictos que se suceden en la actualidad son a consecuencia de los deseos de controlar los caudales de los grandes ríos. Ha sido el propio Papa Francisco el que declaraba: “Me pregunto si caminamos hacia la Gran Guerra del Agua”.

Como se recoge en el Informe Internacional del Agua Dulce de la FAO, desde el año 805 se han redactado más de 3.600 tratados relativos a los recursos internacionales del agua. Según dicho informe, existen aproximadamente 300 zonas en el mundo en las que se presagia un conflicto a causa del agua en 2025.

Según Naciones Unidas, el consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 años. A pesar de ello, 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico. Y millones de personas en el mundo deben andar diariamente hasta 6 horas para recoger agua para uso doméstico. Pero es que además, los países pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos.

Los efectos del cambio climático sobre el agua son evidentes, pues se manifiestan a través de la alteración de su ciclo natural. Cuando el clima varía, las sequías, las inundaciones, el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las tormentas se intensifican con graves consecuencias (Fundación Aquae). Según los científicos, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares, provocarán una modificación en los recursos hídricos, pues el agua potable y un saneamiento adecuado serán más complicados en muchas zonas. Asimismo, la alteración del ciclo del agua modificará las precipitaciones incrementando la humedad del suelo, que producirá un impacto en el escurrimiento, la evaporación, el vapor atmosférico y la temperatura del agua, que conducirá a condiciones y fenómenos más extremos.

Por lo anterior, la adaptación al cambio climático pasa por una gestión de los recursos hídricos que permita desarrollar una resiliencia climática. Y esto enlaza con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De hecho, dos de sus objetivos, a saber, el número 6 (Agua limpia y saneamiento) y el número 13 (Acción por el clima), están relacionados con el agua.

Sobre este mismo aspecto del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, el Centro de Estudios Hidrográficos español, en su informe de evaluación del impacto de 2017, nos decía que pese a que había bastante incertidumbre en las proyecciones realizadas, alguno de los modelos utilizados pronosticaban una reducción de recursos hídricos, que se iría acentuando conforme avanzara el siglo XXI y por lo tanto habría un aumento de la escasez de agua en España.

Es decir, razones estratégicas derivadas de su escasez, a la vez que otras relacionadas con la salud pública y el medio ambiente, están convirtiendo el agua en un elemento cada vez más valorado. En el Libro Blanco de la Economía del Agua se explica que el principal objetivo de la política del agua en la Unión Europea es garantizar el acceso a agua de buena calidad en cantidad suficiente para todos los europeos. Y también garantizar el buen estado de todas las masas de agua en Europa, estableciendo políticas de gestión del agua para prevenir y mitigar situaciones de escasez de agua y sequía. También para mejorar la calidad del agua y asegurar que el agua contaminada sea tratada. Y además añade que el Parlamento Europeo dice que el agua no es un producto comercial, sino un bien público, que enlaza con el mensaje de Naciones Unidas que afirma que el agua también es una cuestión de derechos, siendo el núcleo del desarrollo sostenible y socioeconómico del planeta.

Todo lo anterior nos lleva a un problema de gestión importante, pues los la escasez y la contaminación por plaguicidas o nitratos del agua, por ejemplo, conllevará fuertes presiones para controlar los recursos hídricos. Y esto nos lleva a considerar diferentes modelos de gestión, que en los últimos 20 años han evolucionado desde un modelo mayoritariamente de carácter público, a la aparición y desarrollo de un importante sector privado.

En el referido libro blanco se nos habla de tres posibles modelos. Uno público exclusivamente, donde la entidad pública es responsable de proporcionar y gestionar el servicio, ya sea por sí misma, o delegando la gestión en otra entidad pública. Uno mixto, donde la entidad pública (por ejemplo, Ayuntamiento) y una empresa privada administran el recurso de manera conjunta. Y el modelo privado, en el que la entidad pública responsable designa a una empresa privada para administrarla, bajo un contrato de arrendamiento o concesión.

Jurídicamente hablando, en nuestro país, los artículos 7.1 y 25.2.c de La Ley de Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española, conceden la competencia a los Ayuntamientos, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, del abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Nada se dice sobre los tipos de gestión de la misma que puedan emplearse. Tampoco hay acuerdo entre los investigadores acerca de cuál es el menor sistema.

Así, algunos (Bel y Fageda en 2008; o Allard y Trabant en 2008), entienden que el impacto positivo de la participación privada en la gestión repercute en la eficiencia técnica obtenida, con costes más bajos. Sin embargo, también reconocen que no es este el factor que más influye en la toma de decisiones políticas de privatizar o no, sino la existencia de grupos de presión que tienen interés en conseguir el servicio de una u otra forma. Sin embargo, análisis llevados a cabo por algunos de esos investigadores en municipios catalanes respecto a las diferencias de costes entre prestación de servicios por entidad pública o privada, no arrojaban diferencias significativas. Y un estudio llevado a cabo en la región de Murcia (Benito, Bastida y García en 2010), indicaba que la gestión pública, a través de una empresa de propiedad pública, es con diferencia la opción más eficiente.

De cualquier forma, el tema es algo espinoso. Es evidente que la privatización ofrece algunas ventajas (mayor eficiencia en algunos casos), pero también inconvenientes (mayor coste de las tarifas para los ciudadanos). Y lo más significativo en estos momentos es el valor estratégico del agua. Como también lo es el de los servicios sanitarios, la seguridad o las pensiones.

El problema, a la vez que peligro, es que dejar estos servicios esenciales en manos privadas, en momentos de riesgo extremo por el cambio climático, quizás no sea la decisión política más acertada.