El consejero retira su propuesta de eliminar el techo máximo de edad de 35 años para proceder a la enajenación
El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, optó ayer por retirar del Orden del Día de la Comisión Informativa del ramo la propuesta que había elaborado para promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 al objeto de “dejar sin efecto” el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”.
El miembro del Ejecutivo local planteó esa iniciativa con la convicción de que la enajenación de la promoción era ya “un hecho decidido e irreversible” tras la Resolución adoptada hace 3 años por el entonces viceconsejero de Vivienda, Antonio López, para cambiar su régimen de alquiler a compraventa. Ahora todo se ha dejado a expensas de un informe jurídico al respecto.
“El debate hoy [por ayer] era si había que dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive a jóvenes menores de 35 años para no excluir a los inquilinos que los han cumplido durante los últimos años, al menos cuatro casos, o no, pero al final, ante las dudas no aclaradas, he preferido no llevar el asunto a Pleno hasta que no esté absolutamente claro", resumió el consejero.
La incertidumbre jurídica estriba en si, como parece, el cambio de régimen no estará finalizado hasta que la Resolución de 2013 sea sometida al Consejo de Administración de Emvicesa y, posteriormente, a la Comisión Local de la Vivienda.
El PSOE se mantiene a favor de que “esta promoción concebida como un apoyo puntual y transitorio a la juventud ceutí siga siendo un recurso público a disposición del colectivo”. Los socialistas consideran que “la juventud ceutí cuenta con muy pocos recursos que le ayuden a emanciparse”, por lo que consideran “fundamental” que “no se pierda este recurso.
Para “no dejar desamparados” a aquellos inquilinos de las viviendas para jóvenes que se vean obligados a abandonarlas por superar la edad límite para ser beneficiarios abogan por “que tengan asegurado su paso a las viviendas que se encuentren disponibles en las promociones públicas con las que cuenta la Ciudad”.
La coalición Caballas criticó al Ejecutivo local por “hacer mal el expediente” e insistió en que “no es de recibo la incertidumbre a la que está sometido el Gobierno del PP a los adjudicatarios de las casas”.
Según la formación localista, el “problema” de fondo de la promoción “es que la errática gestión realizada obliga ahora a decidir si se mantiene ese recurso para jóvenes en alquiler, con lo que habría que echar a sus actuales adjudicatarios pese a los derechos que han generado, o se opta por su enajenación, algo que hay que someter a debate en el Pleno”.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) exigió en la Comisión Informativa de Fomento la “paralización” del proceso de venta de las viviendas al entender que esa promoción “cubre unas necesidades de nuestra juventud que siguen sin satisfacerse” y que “por ello deben continuar en esa función: lograr la independencia de nuestros jóvenes”.
La formación localista recordó que “estas viviendas dirigidas a menores de 35 años que tienen dificultades para iniciar una vida independiente deben seguir con dicho uso, pues a día de hoy no se ha resuelto el problema de la vivienda, no sólo para este colectivo sino para la inmensa mayoría de los y las ceutíes al no existir un plan de vivienda en el Desgobierno de Vivas, como no existe ningún otro plan en otro sector al no disponer de un proyecto de futuro para la ciudad”.
Ciudadanos lamentó que “el Gobierno sigue navegando sin un rumbo definido, no gestionando ni medianamente bien todo aquello relacionado con la cesión de suelo, así como el régimen y adjudicación de la vivienda pública” y el cambio de régimen “confirma una nueva huida hacia adelante de un Gobierno incapaz de gestionar el patrimonio social con continuidad y eficacia”.
La historia de esta promoción se remonta a 2005, cuando el Pleno de la Asamblea acordó ceder el terreno a Emvicesa para la construcción de viviendas protegidas para jóvenes con la obligación de construir las casas en un lustro y mantener su destino “durante los treinta años siguientes”. Las casas se adjudicaron a jóvenes menores de 35 años mediante un proceso de selección en el que se exigió “acreditar unos ingresos familiares corregidos inferiores a 5,5 pero superiores a 2,5 veces el IPREM, que en 2010 ascendía a 532,5 euros al mes para “garantizar la suficiente capacidad económica para hacer frente a las necesidades básicas y al pago de la renta”.